Prejuicios, mitos y desinformación legal han propiciado que, tanto en Yucatán, como en otras partes del país, médicos denuncien a mujeres embarazadas por recurrir al aborto, ocasionando su detención al margen de la ley y violando sus derechos humanos.
Esto lo revela el informe “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), donde narra casos de criminalización por aborto documentados y acompañados por esta asociación civil, así como testimonios de mujeres privadas de libertad por aborto.
Tal fue el caso de Sonia, en 2017. Ella trabajaba en un molino y recibía un ingreso semanal de 600 pesos. La información que ofrece el informe relata que, durante dos meses, tuvo sangrados que le hicieron pensar que seguía teniendo su periodo menstrual de forma regular. Sin embargo, al notar la ausencia del fluido en el tercer mes, se realizó una prueba de embarazo que resultó positiva.
“Más adelante, se enteró de que el hombre de quien estaba embarazada ahora se encontraba en prisión. En ese momento tenía 18 semanas de gestación. Ella ya tenía una hija de cuya manutención era la única responsable, situación que dificultaba su economía. Por ello, tomó la decisión de provocarse un aborto”, narra el informe de GIRE.
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La documentación de este caso ocurrido en Yucatán cuenta que por recomendación de una amiga Sonia consiguió un medicamento abortivo que se compra en la farmacia y tras varias horas de haber tomado las pastillas, comenzó a sentir dolores, por lo que pidió ayuda a su tía, quien tras regañarla por tratar de abortar la llevó en busca de ayuda médica.
“Fue en el hospital donde expulsó el producto. Ahí, el personal de la institución le notificó que tendría que dar aviso al Ministerio Público, por lo que Sonia fue procesada por el delito de aborto. El juez le impuso una condena de seis meses de prisión, que podía ser sustituida por un tratamiento médico integral”, relata la asociación civil.
Dicho tratamiento tenía el objetivo, según instituciones de salud del Estado de Yucatán, de ofrecer una atención integral de las consecuencias generadas con motivo de la práctica del aborto provocado, lo cual atentó contra su derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Este informe muestra que, de enero de 2007 a diciembre de 2016, 34 mujeres de Yucatán fueron procesadas por el delito de aborto, según reportes de la Fiscalía General del Estado, por lo que se convierte en una de las cinco Entidades del país donde se registró la mayor cantidad de denuncias por aborto, las cuales fueron Baja California, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
Sin embargo, un número importante de las denuncias no se convirtieron en averiguaciones previas o investigaciones, ni mucho menos en una sentencia, aunque “esto no significa que la criminalización no haya tenido efectos considerables sobre la vida de las mujeres”, subraya el informe.
De las denuncias presentadas en Yucatán, en 2016 una mujer que acudió al Hospital General con un aborto en evolución fue denunciada por personal del hospital; los agentes del Ministerio Público acudieron a interrogarla ahí mismo y ella confesó haber buscado un aborto debido a sus dificultades económicas. Tras esta declaración, la mujer fue condenada a seis meses de prisión, que podía sustituir por tratamiento médico, multa o trabajo comunitario.
El documento de GIRE advierte que, en la mayoría de los casos, las mujeres fueron denunciadas por el personal hospitalario que tiende a interrogarlas en contextos de emergencias médicas y que “actúa con base en prejuicios y estereotipos discriminatorios al atender a las mujeres que llegan a un servicio de salud con un aborto en evolución”.
Pero también hay casos en los que se dictaron sentencias condenatorias a pesar de la insuficiencia de pruebas que permitieran establecer con claridad el nexo causal con el aborto, como cuando las mujeres sufrieron accidentes o caídas previas a procesos de abortos, estos hechos no fueron tomados en cuenta por los jueces al determinar su culpabilidad.
Así le pasó a Eugenia en 2014. Tenía 20 semanas de gestación cuando comenzó a sentirse mal y decidió acudir al servicio de urgencias del Hospital O’Horán.
“La persona que la revisó comenzó a regañarla, sugiriendo que se había provocado un aborto y empezó a presionarla para que aceptara que lo había hecho. Esa misma doctora fue quien dio aviso a la Fiscalía”, relata el documento.
De modo que, Eugenia fue detenida, recluida y procesada por el delito de aborto y le otorgaron libertad bajo fianza de cinco mil pesos.
Para este caso GIRE se entrevistó con el abogado particular que llevó el caso y le dio asesoría jurídica, además de analizar el expediente clínico para entender con qué pruebas estaban acusando a Eugenia.
Como parte de su defensa se tramitó una demanda de amparo, dado de Eugenia brindó su primera declaración bajo presión e incomunicada, lo que implicó una violación a sus derechos humanos.
Estos ejemplos ocurridos en Yucatán revelan que “la criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres; idea que continúa permeando no solo la cultura, sino todas las instituciones del Estado y que representa una violación a los derechos humanos”, concluye el informe de GIRE.
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JG