Adelaida Salas Salazar, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en Yucatán, comentó que la derecha conservadora debe resignarse a que los tiempos y las leyes cambian, que las mujeres son las únicas que deben decidir y tener la última palabra respecto a su maternidad, porque al final del camino son sólo ellas quienes asumen las responsabilidades y nadie está facultado para interferir en una decisión tan difícil como interrumpir un embarazo.
Señaló que la interrupción del embarazo es un problema de salud y de inequidad, pues quienes tienen los recursos pueden acudir a clínicas particulares, que cuentan con el servicio; sin embargo, las chicas de menos recursos no pueden atender esta necesidad.
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Mencionó que la educación es la raíz del problema que gira en torno al aborto, “no es un problema moral, ni religioso, es de salud y de inequidad, donde quienes más sufren son los sectores más desfavorecidos, porque desconocen sus derechos”.
“Es ahí donde no se está haciendo el trabajo de la manera correcta, porque se niega un servicio que es un derecho marcado por la ley, porque, aunque presenten causales, el servicio médico pone trabas”, dijo.
En este sentido comentó que la falta de educación sexual y prevención es el gran problema nacional y Yucatán no se queda al margen de la situación, porque la cultura y estigmas sociales que se implantan en las mujeres desde que nacen, es lo que genera toda la controversia, ante un tema que no tendría que serlo, pues se alega el derecho a la mujer de decidir en su cuerpo.
Apuntó a que la educación que reciben las mujeres en México es conservadora y religiosa, y abortar significa una carga emocional que puede dejar secuelas de por vida, pues esas mujeres son señaladas, segregadas y criminalizadas, por lo que es necesario un acompañamiento emocional integral.
De igual modo afirmó Salas Salazar, que las instituciones de salud deben tener médicos y médicas no objetores de conciencia, y que apliquen la norma 046 de salud, la cual indica que las mujeres que deseen interrumpir el embarazo alegando violencia sexual no necesitan una denuncia previa, pues de no brindar el servicio por cuestiones morales, o requerir documentación que avalen la declaración de la paciente, los galenos estaría incumpliendo una norma legal, y violentando un derecho que se establece en la ley de Yucatán.
Vergüenza criminalizar a las mujeres por abortar
Salas Salazar fue contundente al decir “es una vergüenza criminalizar a las mujeres por querer abortar, cuando nunca se les brindó educación sexual ni de prevención, nunca fueron a las escuelas a darles la orientación necesaria”.
Mencionó que países como Estados Unidos o Cuba o Europa a las mujeres desde pequeñas les enseñan como cuidar su cuerpo y prevenir embarazos, contrario a México, en donde se les enseña que deben ser madres, que el instinto materno es inmanente a las mujeres y quienes no lo tienen son señaladas y crucificadas socialmente.
También recalcó una inequidad en el sentido de que se criminaliza a la mujer que desea interrumpir el embarazo, no así al hombre pues dijo, no hay una ley que obligue al padre a hacerse responsable, todo recae sobre los hombros de la mujer, el peso de la estigmatización si decide abortar, pero también el peso moral y económico de la crianza de un hijo sola si es que decide tenerlo.
Comentó la importancia de que las mujeres reciban la debida educación en materia sexual desde niñas, orientarlas en conocer y disfrutar de su sexualidad con responsabilidad.
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JG