El motivo que mueve al plantón que sostiene una facción del ejido de Chablekal frente a la zona arqueológica de Dzibilchaltún es simplemente dinero: pero más allá de los 127 millones de pesos que representa el pago por la expropiación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre 53 hectáreas protegidas desde hace más de 60 años, los inconformes acusan al actual comisario de haber recibido 4.5 mdp y herramientas de trabajo para “rifar” entre sus “seguidores” con el fin de “silenciarlos”.
El 12 de diciembre pasado, en una asamblea legal, con el voto de 90 ejidatarios, se acordó los términos de la expropiación, que incluyó los pagos y los plazos, así como las condiciones en caso de que no se pudiera cubrir los compromisos adquiridos.
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El primer pago consistiría en 30 millones de pesos que recibirían los ejidatarios el 31 de diciembre y el resto del monto les llegaría paulatinamente. Sin embargo, el dinero no llegó y molestó al grupo que encabeza Alfonso Can Tec. Ahora, ellos llevan 10 días bloqueando el acceso de la zona arqueológica, sin la posibilidad que el turismo nacional e internacional pueda apreciar las bellezas del sitio.
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El ejido de Chablekal siempre ha sido un filón de oro para los inversionistas y desarrolladores. Ahí se ubica el Country Club y hay varios proyectos pendientes. Can Tec no supo precisar si los 346 campesinos que integran el ejido han sido beneficiados con las diferentes ventas de tierra, sólo saben que ahora podrían recibir 127 millones de pesos y repartirlo entre ellos, a razón de casi 400 mil pesos.
Según los datos que proporcionaron los ejidatarios, Dzibilchaltún recibía al día 800 turistas que pagaban tarifas de acceso al Gobierno federal (INAH) y al estatal (Cultur). De hecho, varios visitantes llegaron al lugar en sus vehículos, pero se encontraron con el bloqueo y con un pesado candado y cadenas en el acceso principal. Los ejidatarios sólo permiten la entrada de dos vigilantes del INAH, uno para el turno de la noche y otro para el día.
Las sospechas de que algo “turbio” sucedió con el primer pago siguen en la mente de los protestantes. Ellos alegan que el actual presidente del comisariado ejidal, Víctor Cauich Romero, presuntamente recibió 4.5 millones de pesos y herramientas de trabajo que rifó entre los miembros del ejido para “silenciar” a algún inconforme inquieto.
Pero no es la primera vez que el ejido cierra la zona arqueológica. El anterior dirigente, Manuel Abán Can, también encabezó un movimiento, al que luego se sumó su sucesor Víctor y que quedó resuelto, aparentemente, con la asamblea del día 12 de diciembre.
Alfonso Can Tec mostró copia del acta de sesión de la asamblea. En el legajo se observan varios tachones hechos con tinta negra con el propósito que no se pudiera leer la cantidad definitiva de la expropiación y el primer abono, incluso están tachados los nombres de los firmantes de la asamblea.
“Manuel vino el viernes y Víctor el jueves, trataron de convencernos de que levantemos el plantón, que no había razón de permanecer aquí porque ya hay un acuerdo. Pero no nos vamos a ir de aquí. Ya logramos una reunión con representantes del INAH y accedieron a modificar el convenio”, dijo Alfonso.
La noticia del bloqueo se convirtió en un escándalo. Para evitar que la policía o alguna persona trate de romper la protesta, los ejidatarios hacen guardias de 10 personas de las 7:00 horas de la mañana a las 19:00 horas de la noche y otra de las 19:00 horas de la noche a las 7:00 horas de la mañana.
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JG