Las prisiones de Chankom, Chapab, Cuzamá, Dzan, Dzitás, Halachó, Homún, Izamal, Kopomá, Maní, Mayapán, Santa Elena, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekit, Tepakán y Ticul son las que presentan las mayores deficiencias, señaló Miguel Oscar Sabido Santana, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
El funcionario dio a conocer que se llevaron a cabo 274 supervisiones para documentar las condiciones en las que se encuentran las cárceles públicas. Acudieron a los cuatro centros de reinserción social del Estado: dos en Mérida, el de Tekax y el Valladolid para conocer las condiciones de vida, el respeto a la integridad, dignidad, seguridad e igualdad de las personas internas privadas de su libertad, así como la infraestructura y operación.
Señaló que durante estas visitas se constató que los edificios carecen de mantenimiento y equipo en los dormitorios, servicios sanitarios, patios, áreas comunes y áreas de gobierno, que son necesarios para que las personas privadas de su libertad tengan una estancia digna.
Además, no tienen reglamento actualizado ni armonizado con la Ley Nacional de Ejecución Penal; falta personal de custodia y técnico operativo, personal médico, odontológico y de enfermería suficiente, no hay atención psiquiátrica y especialistas en ginecología, tampoco tienen medicamentos suficientes.
El titular de la CODHEY aseguró que en estos centros no hay programas para incentivar a los internos para que desarrollen una actividad laboral remunerada, ni capacitación; tampoco programas de formación suficiente para personal directivo, técnico, jurídico, de seguridad y de custodia, sobre todo en materia de derechos humanos.
Tampoco hay protocolos escritos para evitar la propagación del COVID-19; carecen de registros de los internos con problemas de adicción para elaborar un diagnóstico, evaluar el problema y establecer acciones para la aplicación de tratamientos para su rehabilitación.
Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cada año realiza un diagnostico nacional de supervisión penitenciaria, aún no emiten los resultados de las visitas realizadas a los Ceresos en el 2021. Sin embargo, en el resultado del 2020 la calificación obtenida por el Estado fue de 7.48, que está por encima de la media nacional, que es de 6.48, lo que ubica a Yucatán en el lugar número nueve de los 32 Estados de la República, mejorado la calificación del 2019, que fue de 7.18. En ese entonces las prisiones de la entidad de ubicaban en el lugar número 11.
Afirmó que no hay que olvidar que cualquier medida privativa de la libertad debe garantizar en todo momento la seguridad, condiciones de vida digna y la salud de internos, para que desarrollen sus aptitudes y realicen actividades que les permitan una verdadera reinserción social, por este motivo llamó a las autoridades penitenciarias a trabajar por un retorno digno para los detenidos.
El Ombudsman Yucateco señaló que con la finalidad de verificar las condiciones en que llevan a cabo las detenciones y los arrestos, las condiciones de estancia y permanencia de las personas sujetas a estos actos de autoridad, considerando las medidas de protección y contagios de COVID-19, realizaron visitas de supervisión a las 106 cárceles municipales y a la prisión pública de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), observaron que 85 no tienen área para mujeres y 95 carecen de espacios especiales para adolescentes.
Además, en 60 cárceles no hay juez calificador ni juez de paz que imponga las sanciones administrativas correspondientes y en 68 cárceles municipales no se acreditó que se informara a las personas el motivo de su arresto, en 101 no tienen reglamento interno ni manuales de procedimientos, 87 carecen de Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal y la capacidad de las celdas es insuficiente.
En cuanto a la condiciones en las que se encuentran dijo que 67 no tienen tazas sanitarias y 102 carecen de lavamanos en las celdas, más del 60 por ciento tienen mala ventilación e iluminación y 75 cárceles municipales no bridan colchonetas a las personas arrestadas, 76 están en malas condiciones de higiene y en 73 no se acreditó que se proporcionen alimentos a los detenidos.
Las cárceles municipales con las mejores condiciones de infraestructura, de acuerdo con las supervisiones realizadas por la CODHEY, son las de Buctzotz, Kanasín, Mérida, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid, así como la de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Sabido Santana señaló que también se supervisaron 30 cárceles municipales de manera aleatoria, con personal del Mecanismo Nacional Contra la Tortura, dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de detectar actos que pudiera constituir tortura, tratos y penas crueles inhumanas o degradantes, cuyos resultados están siendo procesados y en breve se darán a conocer.
Por ultimo, reiteró a las autoridades municipales que las personas detenidas o arrestadas quedan bajo su responsabilidad directa todo el tiempo que las tenga bajo su custodia, por lo que el respeto a su dignidad humana, a su salud, integridad física y a su vida deben de ser garantizadas en todo momento, de ahí la insistencia en el cumplimiento permanente de la recomendación general número 6/2014 de la CODHEY sobre la situación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles municipales del Estado.
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CC