Ejidatarios del municipio alzaron la voz contra la corrupción sufrida hace más de una década y decidieron en asamblea que interpondrán las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Agraria contra las autoridades ejidales de esos años.
Recordaron que el 12 de enero de 2010 supuestamente se llevó a cabo una asamblea, donde se asignaron 201 hectáreas de tierras ejidales a personas ajenas, conflicto que ha pesado sobre la comunidad y que finalmente ha llevado a los afectados a buscar respuestas y reparación.
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Los quejosos manifestaron que el acta de la supuesta asamblea muestra que es un claro caso de falsificación, ya que la junta no se llevó a cabo en el lugar de costumbre y las actas fueron falsificadas.
Acusaron a Felipe Chávez Ku, quien en ese entonces era comisario ejidal, por falsificar firmas y organizar falsas asambleas para apoderarse de los terrenos del ejido, 201 hectáreas.
Asimismo, hicieron mención de los entonces secretario y tesorero, Melchor B. Uc Ku y Rene Ku (Tesorero), y señalaron que exigirán a las autoridades que a ellos junto con excomisario que les apliquen las consecuencias legales por sus acciones.
Señalaron que, verificando minuciosamente la supuesta acta del 12 de enero de 2010, notaron que figuran dos personas, una de las cuales no era ejidatario: Carlos Augusto Paredes Parra, virtual candidato del PAN a la alcaldía del municipio, e Isabel Tzec Chan.
Documentos en poder de las actuales autoridades ejidales y municipales, encabezadas por Antonio Cabrera Ku y José Antonio Pérez Cabrera, revelan más casos de irregularidades. Entre estos, se destaca la falsificación de firmas y la inclusión de personas ajenas a la membresía ejidal de ese entonces. Estas irregularidades y otras más serán presentadas próximamente ante la Procuraduría Agraria.
Al hacer uso de la palabra, el alcalde Pérez Cabrera y el comisario ejidal Cabrera Ku recomendaron a los ejidatarios que con las pruebas en mano llevaran la situación por la vía legal y les pidieron estar unidos a la espera del veredicto final.
Del porqué hasta ahora decidieron alzar la voz, señalaron que sí lo hicieron en su momento, pero cuando se asignaron esas tierras, los líderes de ese entonces estaban coludidos con dirigentes de la fracción panista a nivel municipal y estatal, y que orquestaron la distribución corrupta de tierras a cambio de apoyo en las elecciones municipales.
Incluso remarcaron que las autoridades agrarias de ese entonces parecían dispuestas a pasar por alto estos actos de corrupción, confiando en que el tiempo y la permanencia del PAN en el poder borrarían la memoria de tales fechorías.
Eso generó que las protestas legales y los enfrentamientos con las autoridades solo les valieran humillaciones, burlas e incluso agresiones físicas y morales, tanto de dirigentes corruptos como de los propios representantes panistas respaldados por los gobiernos locales y estatales.
Esperanzados en los cambios políticos que se están generando en la Entidad y el país, los ejidatarios exigen justicia por la ilegal asignación de esas tierras.
Ante la injusticia sostenida durante años, los ejidatarios de Dzan miran con optimismo hacia el futuro, esperando que la verdad prevalezca y aquellos responsables de corrupción sean finalmente llevados ante la justicia. Por ahora, la comunidad se prepara para un nuevo capítulo en su búsqueda de transparencia y equidad en la administración de sus recursos fundamentales.
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NM