Mafia inmobiliaria en Mérida: Renán Barrera viola orden del INAH al permitir obras en un pueblo maya

El megaproyecto Aantik, planeado dentro de la comisaría de Santa Gertrudis Copó, amenaza los derechos de los pobladores de esta comunidad maya, la cual está catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como un “pueblo originario”.

Esta comisaría de Mérida ya es víctima de la “gentrificación”, pero desde 2018 ya peleaba por sus derechos a la libre determinación y por ser consultada ante cualquier proyecto que pudiera alterar sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, el entonces alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, se negó a aceptar el dictamen que elaboró el Centro INAH-Yucatán, que notificó a la comunidad, el 31 de diciembre de 2018, mediante el oficio No. 401.2C.12-2018/2134.

Aantik, megaproyecto de tres torres y área comercial, proyectado para levantarse entre las calles 24 y 25 de la comisaría, a unos metros de la zona comercial La Isla, es considerado por sus promotores SUA Desarrollos como un sistema mixto de atención a las necesidades inmobiliarias.

Jamás fue “socializado” ni por los promotores inmobiliarios ni por la autoridad municipal de Mérida, enfatizó la comisaria municipal, Leydi Elena Cocom Valencia, quien entregó el documento del INAH-Yucatán.

Recientemente, POR ESTO! evidenció que el terreno donde se pretende asentar Aantik fue escriturado apenas en mayo de este año, por lo tanto, carece de trámites legales para construcción y mucho menos de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Además, los vecinos han demostrado, mediante un escrito entregado a las autoridades municipales (en total a 20 entidades) que la construcción de torres y edificios en los alrededores afecta gravemente la vialidad, el suministro de energía, agua potable, y en general daña la calidad de vida de los habitantes. 

En diciembre de 2018, el Centro INAH-Yucatán se dirigió a la comunidad de Santa Gertrudis Copó y entregó un dictamen antropológico elaborado por Martha Medina, investigadora adscrita a la Sección de Antropología Social del centro, y firmado por el licenciado José Arturo Chab Cárdenas, entonces jefe del Departamento de Trámites y Servicio Legales de ese organismo federal. 

En la parte medular, el documento se hace mención sobre la historia de Santa Gertrudis, sobre el casco de hacienda y los nuevos dueños que la poseen, pero deja bien claro que es una comunidad que debe ser respetada por su origen maya. 

“En ese sentido, la comunidad de Copó debe ser respetada como comunidad maya, lo cual le da derecho a ser informada y consultada sobre cualquier acción que cualquier instancia pretenda llevar a cabo en su territorio vivido y que pueda afectar su forma de vida en cuanto comunidad maya”, señala el dictamen.

Desde ese año, también ya advertían de que la población de Santa Gertrudis Copó tiene información de que “los nuevos dueños del casco de la hacienda quieren hacer más de 50 casas en el terreno y, por la experiencia vivida desde hace más de 20 años por la urbanización y el asedio del capital inmobiliario, la población considera que se deteriorará más su calidad de vida, invadida aún más en su territorio vivido y sus formas propias de organización y costumbres serán modificadas, poniendo en riesgo su identidad y patrimonio material e inmaterial”. 

Las antropólogas María Teresa Quiñones Vega y Martha Medina Uh reiteraron que Santa Gertrudis Copó debe ser informada y consultada sobre cualquier acción que cualquier instancia pretenda llevar a cabo en su territorio.

Sin embargo, SUA Desarrollos, que también construye la torre de departamentos Zaguán, jamás consultó a la población, mucho menos a los vecinos del fraccionamiento Allegra.

Cocom Valencia afirmó que tal como lo advirtieron recientemente, el camino que buscarán será el amparo contra la construcción y pedir su cancelación definitiva por la vía legal, pues ya lo han hecho, sin obtener resultados, a través del escrito. Por considerar vulnerados sus derechos y afectada su calidad de vida, incluso podrían acudir a un amparo federal y recurrir a la Suprema Corte de Justicia.

Pero la queja de los habitantes de Temozón Norte, Santa Gertrudis Copó, Tixcuytún y habitantes de los fraccionamientos vecinos va más allá de lo que podría generar Aantik, pues fue apenas la gota que derramó el vaso, ya que hay una gran cantidad de torres como Nuuk, Zaguán y Aqua Living que poco a poco miran hacia el horizonte de sus intereses comerciales, pero no al de la población originaria.

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LV