En apenas cuatro meses, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió 2 mil 18 reportes de operaciones de procedencia ilícita en Mérida, es decir, un promedio de 17 al día. En comparación con el mismo periodo de un año anterior, esta cifra significó un incremento de 80 por ciento de actos financieros ilícitos, por lo que el Gobierno del Estado decidió “tomar al toro por los cuernos” y proponer una ley que frene estas actividades.
Ayer, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa del Ejecutivo estatal que propone crear la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, para combatir el lavado de dinero. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Víctor Hugo Lozano Poveda, dijo que Yucatán se ha caracterizado porque la sociedad yucateca no quisiera ver vulnerada la calidad de vida, por “gente con malas intenciones” que traiga recursos ilegales.
Indicó que la instancia está perfilada con las mismas facultades con las que cuenta la del Gobierno federal. El cual busca que los yucatecos vivan en paz y tranquilos y que “se sepa que si hay una inversión, algún recurso que se esté manejando en la entidad, no provenga de actividades del crimen organizado o actividades ilícitas”.
La propuesta primordialmente es que sea un organismo público y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión; con capacidad de determinar su organización interna y el ejercicio de sus recursos con arreglo a las normas aplicables.
La motivación de la propuesta parte, que de acuerdo a un estudio que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de enero a abril de 2020 se habían contabilizado dos mil 18 reportes en Mérida, es decir, 81.6 por ciento en comparación con el 2019. La ley pretende detectar y evitar posibles fuentes generadoras de delincuencia en el Estado de Yucatán, con la tipificación del delito de operación de recursos de procedencia ilícita.
A través del Congreso de Yucatán se podrá solicitar la remoción ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, siempre y cuando exista una causa grave para la remoción del titular de dicha Agencia. Con la creación de la Agencia vendrían reformas al Código Penal del Estado de Yucatán, al Código Fiscal del Estado de Yucatán y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán; en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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CC