Recientemente, se han denunciado en Yucatán 43 casos detrata de personas, un problema social que se mantiene latente y autoridades señalan al Estado como “zona con riesgo de aumento”, debido a la ubicación geográfica, donde predomina la pobreza y la migración.
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Este problema social alcanzó su pico máximo en la Entidad en plena pandemia: en el año 2020 fueron 20 casos de trata, y un calendario antes, en 2019, fueron 11; sin embargo, desde entonces ha experimentado un descenso hasta el año reciente.
Un estudio de Hispanics in Philanthropy, avalado por el Senado de la República, advierte que nueve municipios yucatecos son considerados como “zonas de enganche”, esto es, donde hay más riesgo de ser víctimas: Ticul, Tekax, Oxkutzcab, Peto, Motul, Izamal, Kanasín, Umán y Conkal.
Apunta que las principales víctimas son niñas indígenas de entre 10 y 16 años, población LGBTIQ+, hombres y mujeres adolescentes y adultos, indígenas y migrantes. Y los principales sectores de explotación son la construcción, servicio doméstico, venta de productos en zonas turísticas, mendicidad forzada, explotación sexual, trabajo forzoso, matrimonio forzoso, explotación sexual y actividades ilícitas del crimen organizado.
Contrario a lo que ocurre en el resto del país, Yucatán experimenta una reducción de los casos de trata de personas; sin embargo, es una amenaza constante. Recientemente, tras la muerte de Iker, que perdió la vida atropellado mientras pedía limosna en una avenida de Mérida, se destapó el caso de menores chiapanecos presuntamente víctimas de ese delito. El expediente se mantiene en investigación y podría detonar la estadística de 2023.
En este contexto, Yucatán llega este 30 de julio al Día Mundial contra la Trata -declarado por la ONU en el 2013- con una baja paulatina en el delito; sin embargo, un informe de Hispanics in Philanthropy (HIP) advierte que en la zona Sureste de México hay un “alto riesgo”.
La región Sur, que incluye a Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero presenta múltiples casos de trata de personas: de 2015 a los primeros meses de 2021 se reportaron 629 víctimas en la región.
En esta parte del país se detectó un incremento de“riesgo y presencia de trata” en seis municipios, entre ellos, Cancún, Xalapa y Oaxaca capital, ubicados como zonas de enganche, tránsito y explotación, revela el informe de HIP.
“Las redes de trata se van adecuando a las situaciones de contexto nacional. Hubo aumentos considerables relacionados con situaciones de violencia, de desarrollo del crimen organizado, de profundización de la pobreza, de concentración de la migración en los puntos Norte y Sur”, explica.
Sin embargo, la realidad en Yucatán, Oaxaca y Chiapas no difiere con relación a las dificultades, pero existe una presencia de trata de personas en un ámbito privado (servicio doméstico, construcción, venta de artesanías, zonas turísticas, etc.) lo que dificulta aún más de detección y el oportuno rescate de las víctimas.
Estadística estatal
En el caso de Yucatán, según los informes sobre “Incidencia Delictiva del Fuero Común” emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), durante los tres años de la pandemia aumentaron los casos de trata.
En tres años, el Estado acumuló un total de 27 denuncias por el delito de trata de personas: en 2020 se reportaron un total de 20 casos y otros cinco en 2021, mientras que en 2022, la Entidad registró dos denuncias por dicho delito.
Desde 2018 a la fecha, la trata de personas acumula 43 casos en Yucatán, Entidad que llegó a ocupar la posición número 10 a nivel nacional; sin embargo, tanto las autoridades locales y federales aseguran que continúa siendo el Estado más seguro.
El año en el que más casos se detectaron fue 2020, ya que se localizaron 20 casos que registró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, seguido de 2019 cuando se detectaron 11 casos y los 12 casos restantes se distribuyen entre los años 2018, 2021 y 2022.
Hasta ahora el mes con mayor cúmulo histórico fue febrero de 2020, ya que fueron siete casos de trata de personas.
Para enero de 2020 el delito cometido en el Estado superaba el promedio nacional de víctimas mujeres de trata de personas por cada 100 mil habitantes, lo que convirtió a la trata de personas es un grave problema que repercutía en Yucatán, al grado de ubicarse entre las 16 Entidades federativas con mayor incidencia, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
En este año, las autoridades aseguraron a 15 menores de edad que estaban en dos inmuebles, y detuvieron a una persona que afronta actualmente un proceso penal por el delito de privación ilegal de la libertad. Todos los menores eran de origen chiapaneco y presuntamente eran forzados a trabajar en calles de Mérida.
Panorama nacional
El problema social afecta no sólo a Yucatán sino a todo el país. Según los datos oficiales, México pasó de 415 víctimas de trata en 2015 a 550 en 2020, esta es incluso la cifra más alta en la historia reciente del país. De 2016 a 2018, los promedios eran de poco más de 300 casos; el aumento comenzó a verse a partir de 2019, cuando hubo 544.
En esos cinco años, el país tuvo un total de 2 mil 583 víctimas de trata, y tan solo en primer cuatrimestre de 2021 se reportaron 219 casos.
Expertos consideran que esto es solo una estimación a partir del informe realizado por más de 90 organizaciones civiles con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), pues se considera que hay una cifra negra de casos no registrados.
Las únicas cifras oficiales proporcionadas por el gobierno federal señalan un incremento paulatino pero considerable de la trata en todas las entidades. Según el reporte de HIP, el número de estados con presencia de este crimen pasó de 18 en 2017 a 25 en 2021.
El foco principal es la región Centro, que abarca a la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo. Todos suman mil 309 víctimas de trata de 2015 a los primeros cuatro meses de 2021. Hidalgo es considerado como el “estado de enganche, tránsito y destino”.
La otra región que preocupa a las organizaciones es el Norte, que incluye Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, por ser una de las más dinámicas debido a su frontera con Estados Unidos.
Refugio, necesario
Para la fundadora de “Unidos Vs la Trata”, Rosi Orozco, aunque Yucatán es la Entidad más segura del país y tiene una red de comunicación muy grande, es inaceptable que no tenga una casa de seguridad para las víctimas de este delito, pues estudios realizados demuestran que el 57 por ciento de los yucatecos podría ser víctima.
“La trata no exime a ninguna persona de ser víctima de este delito, ya que el crimen organizado no respeta género, edad, ni estatus social”, afirmó. Ante ello, pidió que los padres deben estar más pendientes de los menores, sobre todo ante las nuevas tecnologías, pues internet es uno de los principales factores de riesgo.
“Actualmente, el mundo es un lugar cada vez más peligroso, donde los padres de familia tienen que estar pendientes de quién se contacta con sus hijos por medio de los juegos de video y en línea, pues el que parece ser una niñita de su edad o un amiguito resulta ser un perverso pedófilo, hay que cuidarlos mucho”, señaló la también escritora y conferencista.
Asimismo, manifestó que es inaceptable que siendo Yucatán una de las Entidades con más participación ciudadana y una de las más conscientes en cuestión de seguridad, no se tenga un refugio para víctimas.
“Me cuesta trabajo pensar que siendo los yucatecos tan solidarios, sobre todo en cuestión de derechos humanos, y siendo tan segura la entidad, no haya un refugio especializado, como dije, es verdad que aquí es un lugar muy tranquilo y seguro, pero este delito se da en todos lados y el que diga que no es verdad miente, porque me ha tocado entrar a páginas y ver cómo exhiben a los chavos y chavas como si fueran mercancía”, comentó.
Finalmente, exhortó a las autoridades a abrir un refugio, esto de la mano con la sociedad, para que en conjunto se hagan grandes cosas.
La ley
Según el Código Penal estatal, tras la abrogación en 2017 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Yucatán, en la entidad sólo se castiga el delito de lenocinio con sanciones de uno a ocho años de prisión y una multa de hasta 160 días según sea el caso.
En el Artículo 215 del Código Penal de Yucatán se establece que quien “a sabiendas diere en arrendamiento, usufructo, o habitación, un edificio u otro local o cualquier parte de los mismos para explotar la prostitución, se le sancionará con prisión de seis meses a dos años o de veinte a doscientos días multa y de veinte a doscientos días de trabajo en favor de la comunidad”.
En referencia al estudio citado, Hispanics in Philanthropy es una red transnacional de donantes comprometidos a fortalecer el liderazgo, la voz y la equidad de las comunidades latinas en todo el continente americano. Ha sido pionero en nuevos modelos filantrópicos, liderando iniciativas de colaboración y ha brindado donativos y fortalecido la capacidad de más de 600 organizaciones y líderes.
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