En medio de la propaganda que ha surgido en torno al Segundo Informe de Gobierno Municipal de Julián Zacarías, el Ayuntamiento de Progreso se olvidó de que cerca de 100 familias de la comisaría de Flamboyanes, quienes no cuentan con servicios públicos en sus viviendas, situación que les resta calidad de vida.
Patricia Narváez N. dio a conocer que hace cinco meses varias familias hicieron un trato con allegados al exempresario Manuel Rodríguez Peón El Príncipe, a través del que compraron los terrenos en alrededor de 65 mil pesos, dando un enganche de 10 mil pesos y pagos mensuales que ascienden a los 2 mil: “Con el pago dejamos de ser una “zona de invasión”, como se le llama a esta parte de Flamboyanes, por lo que solicitamos la habilitación de todos los servicios básicos que hasta ahora no han llegado”.
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Asimismo, el servicio de agua potable y la atención a decenas de lomitos moribundos son parte de las peticiones que se han realizado sin que el Ayuntamiento otorgue una respuesta o por lo menos escuche a los pobladores, pues hasta la fecha para obtener el líquido siguen viéndose en la necesidad de pedir pipas o acarrear cubetas hasta sus domicilios para mantenerlo almacenado.
Otro aspecto a tomar en cuenta es el estado de las calles, ya que varias de ellas no cuentan con pavimento ni alumbrado, por lo que cada noche las familias se ven obligadas a permanecer en penumbras: “Lo que más nos ha causado problemas son las alimañas que vemos cuando intentamos dormir. Hay serpientes, alacranes y ratas que no nos dejan en paz, varios de estos animales han picado tanto a niños como a adultos, es inhumano no pensar en nosotros”, señaló el habitante Alfredo Osorio.
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Expusieron que justamente esta semana de nuevo pidieron la resolución de las mencionadas necesidades, pero sólo consiguieron una invitación al Informe, negándose a asistir la mayoría de los pobladores debido a que consideran que no han sido escuchados y la problemática aún no se resuelve.
“Cómo vamos a respaldar al gobierno, si son los que se han olvidado de nosotros. Hay mucha diferencia con la gente que vive en el área del IVEY, a ellos también les dieron la oportunidad de pagar por sus terrenos y sí hay mejoría en sus zonas habitacionales, en cambio, nosotros no tenemos casi nada”, manifestó Guadalupe Manrique.
El aspecto de la seguridad también es una preocupación constante en la comunidad, sobre todo porque dicen que suceden varios incidentes que no son dados a conocer a través los medios y de los que la Policía tampoco tiene conocimiento, esto a causa de que ocurren en sitios alejados.
El último percance que se registró por vía de esta corresponsalía data del pasado domingo 6 de agosto, cuando resultó herida una quincuagenaria y sus dos hijos, cuya riña pasó de los ataques verbales a las agresiones con arma blanca.
Un habitante destacó en entrevista que los asaltos y robos en las casas se llevan a cabo con facilidad debido a la falta de alumbrado público, siendo imposible colocar la denuncia correspondiente, ya que se desconoce quiénes son los autores de estos actos.
Un estudio demográfico del Programa de Intervención Comunitaria Integral y Participativa demostró que apenas el 10 por ciento de los estudiantes logran entrar a la universidad, lo que deja a 2 mil 200 educandos en rezago educativo. A esto se suma que la media de ingresos familiares en las zonas con mejor estructura es de apenas 2 mil 800 pesos, mientras que en los asentamientos ilegales donde impera la pobreza extrema el sueldo promedio no es mayor a los mil 500 pesos quincenales.
Según un diagnóstico hecho por el Programa de intervención Comunitaria Integral y Participativa (Picip), hace aproximadamente un trienio en la comunidad había 3 mil menores de edad de las 8 mil 552 personas que habitaban en áreas oficiales y mil 500 más que se ubicaban en terrenos con asentamientos ilegales, el 40 por ciento de ellas provenientes de otros Estados.
De ellos, la exclusión en etapa preescolar es del 65.5 por ciento, su educación básica marca un rezago del 59 por ciento, mientras que la secundaria registró un 71 por ciento. Respecto al bachillerato, se mantiene un 89 por ciento. Por su parte, el 35 por ciento de la población adulta no tiene la educación primaria completa.
Curiosamente, Flamboyanes es una de las comisarías con más planteles educativos a sus alrededores, pues tiene un par de primarias, una telesecundaria, salones de telebachillerato, dos espacios maternales y un jardín de niños.
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GC