Los peritajes realizados en la zona incluida en el “Estudio de riesgo ambiental modalidad ductos terrestres. Zona Metropolitana Mérida” de la empresa Tractebel GNP, que operó para Engie, revelan que no se incluyó importante información de riesgos detectados, ni se analizó el peligro al que están expuestos los habitantes de las colonias afectadas, ni de quienes confluyen en área afectada, que se extiende desde Mérida hasta Umán y abarca la llamada zona Dorada, en el Norponiente de Mérida, con riesgo potencial para unas 70 mil personas o más.
Esto resalta el descuido del Ayuntamiento de Mérida encabezado por Renán Barrera Concha en la revisión del proyecto que pone en riesgo la seguridad de miles de meridanos. En el peritaje se establece la afluencia de gente en esa, detallando la cantidad mencionada. El estudio incluso muestra los puntos de riesgo en Umán, pero no analiza los puntos peligrosos en la zona de estudio urbana en el área de plaza Las Américas y la galletera Dondé, sitio en el que se ubican las viviendas en zona altamente poblada.
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Además, se especifica que el material combustible transportado en la red de ductos (gas natural o metano) es catalogado como explosiva e inflamable, con propiedades Creti, es decir, “corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico e inflamable”, y por el volumen lo clasifica como actividad altamente riesgosa.
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El informe del perito ambiental Rubén Armando Presuel Polanco destaca entre otras cosas que en la zona se encuentran cuatro de los hospitales públicos más grandes de Mérida y uno privado, además de registrar un alto aforo vehicular porque “la cruza” el Circuito Colonias y abarca el inicio de la Av. Itzaes y Av. Miguel Hidalgo que conduce a las plazas comerciales de Las Américas y Dorada.
Actualmente, en el trayecto de la calle 11, que parte de la colonia San Damián y luego se convierte en calle 13 en la zona Dorada, se pueden notar las reparaciones de las calles, al cubrirse las zanjas excavadas para introducir los ductos. Algunos predios conservan las mantas de rechazo a la introducción del gas, en las obras inconclusas, pero que podrían ser reactivadas en cualquier momento, pues el amparo indirecto otorgado solo es por la zona de Pensiones.
El trazo se extiende por las colonias San Damián, García Ginerés, Residencial Pensiones y Roma, cuya nomenclatura es confusa y se recomendó en el peritaje que se aplicara las Unidades Geoestadísticas Básicas del Inegi y la base Catastral del Municipio.
Los ductos, según el trazo verificado y expuesto en el documento, pasan al Poniente, a poca distancia de plaza Las Américas, sin que haya zona de amortiguación de riesgos, lo cual no fue considerado por el Ayuntamiento de Mérida al autorizar el proyecto y ejecución de las obras que, como publicó POR ESTO!, está fuera del trazo autorizado.
En el informe presentado para aprobación del proyecto, según detalla el perito, no se mencionaron las zonas de riesgo en un radio de 200 metros del ducto, que incluyen comercios, hospitales, escuelas y sitios de afluencia pública, además de la zona densamente poblada. También hay omisiones en el documento “Estudio de Riesgo Ambiental” (ERA), en el aspecto del Regulado, pues nunca se presentó la metodología del análisis del Sistema Urbano, que identifique la densidad de la población.
En sí, los documentos presentados al Ayuntamiento para su análisis y aprobación omitieron datos importantes sobre zonas de riesgo y densidad poblacional que, de acuerdo a los peritajes, es muy alta y viola la normativa federal.
Es contundente el perito Presuel Polanco al señalar que “al no incluir los datos básicos mínimos incluidos en fuentes oficiales como el Inegi sobre la densidad de población y las características urbanas del área donde pretende ubicar la instalación del gaseoducto, los resultados que deriven de su análisis metodológicamente no corresponden a la realidad y en consecuencia son resultados no válidos”.
Y aún más, se detalla que el ERA, presentado por la empresa, reconoce explícitamente que realizará actividades “altamente riesgosas”, por el manejo de gas natural en volúmenes mayores a la cantidad de reporte de 500 kg, señalado en la regulación federal desde 1992 y vigente hasta la fecha, donde se determina las actividades que deben considerarse altamente riesgosas, asociadas con el manejo de sustancias con propiedades inflamables y explosivas en cantidades tales que “en caso de producirse una liberación, ya sea por fuga o derrame de las mismas o bien una explosión, ocasionaría una afectación significativa a la población o a sus bienes”.
Estos elementos no fueron evaluados por las autoridades municipales, en esos entonces encabezados por el actual candidato del PAN al Gobierno del Estado, Renán Barrera Concha.
Continuará…
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NM