El Tribunal Unitario Agrario No. 34 admitió la demanda con expediente 1747/2024, promovida por la comunidad de Telchaquillo contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de sus representantes Diego Prieto Hernández, director nacional; y Ana Goycoolea Artis, como titular de la delegación Yucatán.
Por lo pronto, los ejidatarios de Telchaquillo tendrán hoy a las 11:00 horas su asamblea en el palacio de la comisaría, para confirmar que no quieren que la zona arqueológica de Mayapán sea expropiada.
La comunidad reiteró su postura de que el INAH los presiona para hacerlos firmar un acuerdo de ocupación previo para la expropiación del sitio arqueológico, que se encuentra en tierras de la comunidad.
A pesar de haber realizado ya múltiples reuniones y asambleas en las que se le ha expresado el rechazo a la expropiación, y en las que el INAH no presenta datos o montos concretos a través de documentos oficiales.
Noticia Destacada
Ejidatarios de Telchaquillo le responden al INAH por el cierre de la zona arqueológica de Mayapán
Se recordó que el 6 de agosto pasado se le hizo entrega al INAH del acuerdo comunitario para solicitar, entre otras cosas, el reporte de ingresos de Mayapán durante los 40 años en que el Instituto lo ha administrado.
Asimismo, se demanda al comisariado ejidal por la realización de asambleas apócrifas y documentación ilegal para facilitar la expropiación de Mayapán, en contra de la decisión de la asamblea comunitaria.
Como POR ESTO! informó, la parte inconforme alega ser mayoría, con 155 ejidatarios que sostienen su postura no de aceptar la expropiación. La demanda fue oficialmente promovida por 34 de ellos.
Noticia Destacada
Ejidatarios de Telchaquillo proponen reapertura de la zona arqueológica de Mayapán
La querella solicita el pago de una indemnización por la ocupación y explotación de 40 años del sitio arqueológico de Mayapán, perteneciente a la comunidad de Telchaquillo, sin el consentimiento libre previo e informado de la comunidad ni acuerdo de ocupación.
Asimismo, se pide la nulidad de actas de asamblea anteriores, realizadas ilegalmente y una convocatoria legal de la asamblea para la remoción del comisariado.
