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21 de Feb de 2024
4 min
Escrito por Rubén Darío Hau
Vecinos de las colonias San Damián y García Ginerés volvieron a levantar la voz ante las acciones ilegales de la gasera Engie, que subcontrató una empresa para continuar con las obras del ducto de gas natural en el norponiente de Mérida, a pesar de la restricción de un juez federal, que otorgó un amparo a los colonos contra las obras de infraestructura del combustible.
Los colonos Flavio Canul y Guadalupe Reyes increparon a los empleados: mientras el hombre se plantaba frente a ellos para intentar que siguieran su labor, la mujer los cuestionaba sobre algún documento que les permitiera trabajar, pero los empleados se limitaron a decir que solo colocaban cables para tierra física de la empresa galletera. Sin embargo, los residentes no creyeron en esa explicación.
Recordaron que este ha sido el modus operandi de la gasera: hace dos años, los obreros comenzaron a trabajar en las calles de San Damián, García Ginerés y Pensiones, bajo engaño: cuando les preguntaban qué estaban haciendo, decían que tenían permiso del Ayuntamiento para realizar obras de agua potable, pero en realidad estaban excavando canales para introducir gas natural domiciliario.
“Nosotros no queremos un gasoducto en este lugar, es peligroso. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están violando la orden de un juez al seguir haciendo estos trabajos?”, preguntó en varias ocasiones. Los empleados se resguardaron en sus camionetas para ganar tiempo.
Los vecinos dijeron que esta evidencia de la violación al amparo será agregada al expediente, que ahora está en la segunda instancia, ante un Juez de Circuito.
En sus redes sociales, los habitantes de la zona publicaron “la evidencia de esta violación”; en el post “Bitácora de la Imposición: 20 de febrero de 2024”, con varias fotos en las que puede verse a trabajadores laborando detrás de empresa galletera: “No respetan ni una orden judicial. Impunidad total. Casualmente, no hay energía eléctrica en las casas aledañas. También avanzan por la noche”, denunciaron.
Los trabajos de la empresa, denominada “Idea”, causaron descontento y molestia entre los habitantes de las colonias afectadas, quienes, en busca de detenerlos, por la seguridad y el impacto ambiental en la zona, acudieron al sitio y se colocaron, portando una larga manta de rechazo al gasoducto, junto a los trabajadores.
Guadalupe Reyes, una de las promotoras del amparo indirecto, acudió al lugar tan pronto como observó que estaban trabajando. Grabó en video las operaciones de la empresa y permaneció en el sitio, lo que obligó a suspender temporalmente las acciones.
Los trabajadores siguieron ahí, pero esperaron a que los colonos se fueran para “tapar” la evidencia, es decir, las grietas que abrieron en la acera que está a espaldas de la fábrica. Antes, la mujer les había mostrado, por medio de su teléfono celular, el fallo del Juzgado Tercero de Distrito, pero los empleados nunca pararon sus labores. El recurso legal impide la realización de obras relacionadas con el gasoducto.
En su defensa, los residentes han documentado el alto riesgo de la instalación de gas en el vecindario, debido a la cercanía de hospitales públicos y privados, dos centros comerciales y negocios al menudeo en la zona, así como centros educativos, principalmente.
Flavio Canul, quien vive y tiene un modesto taller de reparación de llantas, dijo que rechaza totalmente lo que está haciendo Engie, al poner en peligro a tantas familias que viven en la zona, pues, a pesar de que ganaron un juicio, poco le importa la vida de los meridanos.
Recordó que la empresa de capital francés fue respaldada por permisos que otorgó el entonces alcalde con licencia, Renán Barrera, ahora candidato a la gubernatura, para introducir gasoductos en calles donde hay alta densidad poblacional, oquedades en el suelo y gran cantidad de viviendas.
Según los vecinos, estas acciones representan una total impunidad, ya que a pesar de la determinación de un juez, Engie muestra poco interés en cumplir con la ley, pues envía a otra empresa para que termine las obras a escondidas de la población.
En el fraccionamiento Pensiones, donde la empresa sí logró entrar y prestar el servicio, colocó pequeños tubos en las entradas de las casas y a partir de ahí se distribuía el gas mediante medidores desde la calle. Esto genera un peligro, ya que existe la posibilidad de que algún automóvil ocasione un accidente al subirse a la acera y dañar las tuberías, dejando expuestos a los habitantes a una explosión.
Pero hubo una sección en la que los habitantes se enfrentaron a las maquinarias y sus operadores; incluso colocaron sus automóviles particulares para frenar el acanalado de las calles.
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