El Congreso del Estado rechazó de facto avalar el préstamo que el Ayuntamiento de Mérida pretende solicitarle para pagar los 588.7 millones de pesos que un juzgado ordenó saldarle a la empresa ABC Leasing por romper, en 2012, un contrato de usufructo de 5 mil luminarias chinas.
La diputada Fabiola Loeza Novelo advirtió que, si bien el Poder Legislativo puede fungir como “auxiliar en el cumplimiento de resoluciones”, no puede aprobar o destinar recursos extraordinarios para solventar sentencias que ordenan pagos a las autoridades municipales, mismo criterio se ha seguido en los diversos casos de pagos de laudos y demandas laborales.
La legisladora recordó que el Congreso está impedido por el artículo 117 de la Constitución General, la cual dice que los Estados y los Municipios no pueden contratar obligaciones o empréstitos, sino solo cuando se destinen a inversiones públicas productivas.
Además, advirtió que la negligencia del Ayuntamiento de Mérida comprometerá los servicios públicos para poder pagar el millonario adeudo. Recordó que, a pesar de ser un añejo problema, la administración municipal -encabezada por Renán Barrera-, lo dejó crecer y ahora no tiene salida, a pesar de que ha “ahorrado” 300 mil pesos durante los ejercicios fiscales 2021, 2022 y del año 2023; el problema principal es que, como ya llegó a los límites de los procesos judiciales, y se encuentra en ejecución debe pagarse en una sola exhibición.
“Ese pago de más de 200 millones (sic), representa potencialmente que los servicios de Mérida entren en problemas, dígase, recoja de basura, mantenimiento de parques. Hoy, el municipio de Mérida afronta el riesgo de comprometer los servicios públicos de la ciudadanía; han sido más de 11 años en los cuales no han podido resolver esta problemática.
Aseguró que el tema referido no escapa de la arena política y se ha dejado avanzar tanto el problema que “pareciera que se quiere patear la lata como coloquialmente se dice”. “Insisto, como integrante de la comisión de presupuesto, hago un llamado respetuoso a las partes involucradas en esta problemática para solventar las diferencias, ya que están de por medio los servicios que a diario se prestan a poco más de un millón de personas en este municipio.
“La autoridad municipal debe, dentro de su competencia, poner en práctica la austeridad republicana, pero sin afectar a la ciudadanía ¿de qué sirve la tan mencionada bonanza en el municipio de Mérida si hoy, se tienen cero planes estratégicos para finiquitar este problema que creció hasta ser impagable?”, advirtió.
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JG