Los espolones, que suelen colocar pobladores de residencias adjuntas a la zona costera, han empezado a ser retirados por parte de autoridades federales como Profepa. Aunado a ello, se mantuvo durante jueves un recorrido en la playa del sector oriente del municipio: a fin de verificar espacios que puedan atentar contra el medio ambiente.
Fue después del mediodía cuando apareció maquinaria para retirar un par de estas estructuras, situadas a la rectitud de la calle 56 en el extremo mencionado. La presencia de varios trabajadores sorprendió a colaboradores de negocios dedicados al rubro turístico, pescadores y vecinos.
En consulta con los trabajadores de la maquinaria, se recalcó que para evitar malos entendidos, los agentes de la Profepa dieron a conocer un documento que avalaba que la puesta en marcha iba a llevarse a cabo de manera legal: pues se habían recibido constantes quejas varios días atrás.
“La gente debe estar apegada a las reglas que se tienen para la zona costera. En los pocos días que llevo en Progreso, me ha tocado ver que hay un mal uso de la playa. En el malecón, dentro del área de arena ya casi es imposible pasar por tantos negocios que colocan sillas y palapas. En la parte de las residencias, nadie puede colocar espolones y lo hacen”, indicó Maribel Ruíz.
Las labores se prolongaron hasta el horario vespertino y aunque en su mayoría, los testigos que vieron la iniciativa y la aplaudieron: también hubo quienes no estuvieron conformes, sobre todo integrantes del gremio pesquero de la modalidad ribereña.
“A nosotros si nos perjudica que retiren el espolón pues cada vez hay menos playa y la estructura nos daba oportunidad de resguardar nuestras lanchas. Actualmente la playa ha resultado ser una zona complicada para nosotros que nos dedicamos a la pesca, ya que nos hemos visto obligados a colocarnos en el poniente u oriente que hay mucha actividad con turistas. Lo malo es que cada vez hay menos metros de playa”, indicó Jesús Chan, permisionario.
Se espera que en los siguientes días haya presencia de las autoridades pertinentes para retirar otras estructuras situadas en diferentes partes de la playa del municipio. Otra petición recurrente, ha sido por la verificación de construcciones que no cuenten con los permisos correspondientes o la multa para aquellos que realicen actividades que pongan en riesgo la temporada de anidación actual.
Autoridades federales como Profepa imponen una multa para quien resulte acreedor de culpabilidad por este tipo de instalaciones con 20 mil a 50 mil días de salario mínimo especificados al momento de imponer la sanción.
Otras dependencias que verifican este tipo de situaciones son, por ejemplo, Semarnat. Un caso muy sonado en las cercanías de la Península ocurrió hace un lustro cuando tras una inspección en la zona costera yucateca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente castigó con 1.5 millones de pesos al hotel de un empresario yucateco.
La última vez que se tuvo un operativo para el retiro de estas estructuras en Yucatán, ocurrió en el no tan lejano 2021: cuando en el primer cuatrimestre de aquel año, la Secretaría de Desarrollo Sustentable --en coordinación con los distintos órdenes de gobierno-- retiró más de 270 espolones ilegales en más de 40 kilómetros de la costa que erosionan las playas y afectan a los propietarios de predios veraniegos. La iniciativa fue del programa "conservación y manejo integral de las zonas costeras".
FAR