Por segunda ocasión, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se presentaron en la presidencia municipal de esta ciudad para darle continuidad a la demanda impuesta contra el alcalde saliente, Alfredo Fernández Arceo, por la Asociación de Restaurantes de Valladolid Yucatán A.C. (Arvay).
Como se recordará, a principios de año, la asociación de restauranteros, presidida en ese momento por Jordi Abraham Martínez, interpuso una denuncia contra el exAlcalde por exigir cobros indebidos bajo el agua para autorizar permisos municipales para la operación de establecimientos en la Sultana del Oriente
Noticia destacada
Fiscalía catea el Ayuntamiento de Valladolid tras acusaciones al Alcalde por corrupción
En una primera visita, los elementos de la PEI realizaron una diligencia en el edificio del Ayuntamiento, notificando a las autoridades sobre la investigación y asegurando documentos como parte del proceso.
Ayer alrededor de las 14:00 horas, los agentes de la PEI regresaron para darle seguimiento a la denuncia presentada por la Arvay contra Fernández Arceo. En su demanda, el gremio de restauranteros acusó al exEdil por presuntos actos de corrupción y exigencias de moches que no están permitidos por la ley.
En marzo de 2023, esa Asociación de Restaurantes de Valladolid (Arvay) informó que Fernández Arceo les exigía un donativo obligado de 150 mil pesos para obtener la licitación por la venta de bebidas alcohólicas. Al menos 14 restaurantes iniciaron procesos legales por la exigencia de los moches.
Al verse expuesto, el Alcalde dijo que ese dinero serviría, entre otras acciones, para construir casetas de vigilancia y comprar cuatrimotos para reforzar la seguridad y, finalmente, se sometió a sesión del Cabildo para legalizar el cobro. De ese modo, sorteó procedimientos por la violación de los derechos humanos y hasta la amenaza de juicio político.
Aunque las autoridades ministeriales mantienen el proceso de manera hermética, se sabe que la segunda visita se enmarca en la continuidad de la investigación relacionada con los actos de corrupción denunciados. La falta de información oficial sobre los detalles de la diligencia sugiere un manejo reservado de la situación, aunque se confirma que el caso sigue en curso.
