La criminalización de los defensores de los territorios mayas sigue ocurriendo, ahora en Ixil, donde a tres personas se les presentaron cargos ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, como represalia ante su lucha por evitar que las familias Abimerhi y Millet se adueñen de terrenos ejidales.
“Yo nací y crecí en Ixil y cultivo parte de esas tierras desde hace generaciones para sostener a mi familia. Me parece increíble que estas personas que nunca estuvieron en esas tierras vengan a querer despojarnos y nos acusen a nosotros de despojo”, declaró Guillermo Yam Ek.
Pese a la delicada situación, se mostró tranquilo al señalar que se tratan de cargos infundados. “Estamos tranquilos porque sabemos que hablamos con la verdad”.
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“Estos cargos se presentaron con base en una denuncia interpuesta por las familias Abimerhi y Millet, quienes se ostentan como propietarios de tierras en Ixil y afirman que somos responsables del despojo de esas tierras”, explicó Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, quien también fue denunciado.
“Somos tres las personas acusadas de despojo. Queremos señalar que estamos muy tranquilos respecto a este juicio, pues sabemos que estas tierras han estado por generaciones en posesión de la comunidad maya de Ixil, y confiamos en que este proceso se resolverá con apego a la ley”, agregó.
Pese a la marcada criminalización, los pobladores de Ixil no desistirán de seguir en pie de lucha.
“Yo crecí en estas tierras, tengo 70 años y me siento orgullosa de ser ixileña y defensora de la tierra. No estamos peleando, estamos defendiendo lo que nos corresponde”, declaró María Concepción Chan Calderón, del Consejo Comunitario de Ixil.
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“Hemos cultivado y cuidado estas tierras para nuestros hijos y nietos, y es una decepción que los que tienen tanto dinero y tantas tierras quieran despojarnos de lo que fue de nuestros ancestros”, expuso
“Esas familias quizás pensaron que mandando a estos policías iban a intimidar quienes trabajamos esas tierras. Me siento orgullosa porque la gente de Ixil seguimos cultivando sin dejarnos intimidar, sin miedo a esas familias con tanto dinero y poder”.
Como POR ESTO! informó, el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán dejó sin efecto una orden de aseguramiento emitida por la Fiscalía General del Estado, como medida provisional, a finales del 2023.
Sin embargo, persisten los cercos que se pusieron en dos kilómetros desde la salida de Ixil por la calle 20, así como en un campamento policial. Los sellos de la Fiscalía todavía siguen en el lugar, aunque varios ya se deterioraron por el Sol.
