El cierre de laboratorios y la falta de medicamentos en el Hospital General de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) obligan a cientos de pacientes a asumir costos exorbitantes en clínicas privadas, un golpe especialmente duro para quienes dependen del sistema público de salud.
Según médicos del nosocomio, estas decisiones han reducido drásticamente la capacidad del hospital para atender emergencias y tratar enfermedades de alta complejidad, lo que socava su función como hospital de referencia en la región.
Como hemos informado, el Hraepy atraviesa la peor crisis de su historia, por denuncias de corrupción, cancelación de servicios clave y una creciente indignación pública. En los meses recientes, pacientes, familiares y personal médico han señalado graves deficiencias en la operación del hospital, que incluso acabaron con la vida de internos y ponen en riesgo la salud de miles de yucatecos.
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Entre los principales problemas resaltan la falta de insumos médicos básicos, el cierre de laboratorios fundamentales y el deterioro de áreas clave, lo que ha forzado a los pacientes a recurrir a instituciones privadas para estudios esenciales. Además, médicos y enfermeras reportan sobrecarga laboral extrema, derivada de la insuficiencia de personal y largos tiempos de espera para atender emergencias y enfermedades complejas.
Licitaciones a modo
Las críticas se han centrado en el director del hospital, Franz Pérez Ancona, y la administradora Rossana Fuentes Suárez, quienes, según trabajadores y pacientes, han sido incapaces de responder a la magnitud de la crisis. Ambos fueron recientemente citados en la capital del país para responder a las anomalías y graves denuncias.
La opacidad en los procesos de licitación ha agravado la situación; en 2023, se canceló una licitación clave para prestar servicios; se presume que la funcionaria buscaba favorecer a nuevos proveedores vinculados a ella, como la empresa Suministros Médicos de México, con cuyo administrador, Malko Barrientos, Fuentes Suárez presuntamente mantuvo una relación, antes de la cancelación.
Por otro lado, la falta de pago a proveedores durante más de ocho meses ha paralizado operaciones esenciales. Trabajadores del hospital denuncian que Fuentes Suárez retuvo facturas sin procesarlas, además de bloquear los recursos necesarios para mantener en funcionamiento áreas vitales.
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La situación demanda una intervención urgente por parte de las autoridades estatales y federales, coincide el personal de la institución. La falta de planificación, combinada con decisiones administrativas marcadas por indicios de corrupción, está erosionando la confianza pública en el sistema de salud yucateco.
La reactivación de los laboratorios, el pago a proveedores y la transparencia en las licitaciones son medidas esenciales para garantizar la continuidad de los servicios y devolverle al hospital los estándares de calidad que los ciudadanos merecen.
Este caso no sólo refleja la necesidad de mejoras estructurales, sino también de un cambio profundo en la gestión del Hraepy para evitar que se merme la salud de la población, afectada por decisiones negligentes y cuestionables.