Después de su fracaso electoral del 2 de junio, la dupla Esteban Abraham Macari-Jorge Díaz Loeza, presidente de la Unión Ganadera del Oriente de Yucatán, y exsecretario de Desarrollo Rural, respectivamente, se enfrentan hoy al escrutinio de los ganaderos de esa institución que reúnen pruebas en busca de comprobar que los apoyos oficiales terminaron en ranchos particulares.
Por lo pronto, los socios ya emprendieron las primeras acciones legales para frenar la posible venta del terreno donde se encuentra el Centro Integral de Mejoramiento Genético del Sureste que, como revelaron a POR ESTO!, el también diputado local pretende vender, porque, a pesar de que fue anunciado con bombo y platillo el 13 de noviembre de 2023 se ha convertido en un “elefante blanco”.
En lo que delegados de la Ugroy llaman “crónica de un fraude anunciado”, esta semana iniciaron sus consultas legales para evitar que ese proyecto termine como un nuevo fraccionamiento en los próximos años.
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Según los afectados, el Centro, ubicado en un terreno de ocho hectáreas, Tizimín, nunca benefició a la ganadería; pero ahora el predio es un “filete inmobiliario” para la dupla Abraham-Díaz, que en la pasada contienda electoral buscaron protegerse con el fuero de una diputación federal, del distrito 01, y la alcaldía de Tizimín, respectivamente.
En el Centro Integral se invirtieron 44 millones de pesos de dinero público para la construcción y equipamiento. Los ganaderos aseguran que fueron víctimas de un engaño y que el nulo funcionamiento del proyecto fue intencional, porque el objetivo era apropiarse de un terreno de estratégica ubicación, ideal para los intereses inmobiliarios de ese grupo político.
En un principio, el Centro de Subasta Ganadera se entregó a la administración de Esteban Abraham libre de gravamen. Sin embargo, el excandidato, que es autodenominó “indígena” para hacerse inmoralmente de la candidatura a la diputación federal, hipotecó el predio en dos millones de pesos al Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (Focapy), dependiente de la Seder, con el visto bueno de Jorge Díaz.
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Como ayer documentó POR ESTO!, Abraham Macari recibió esos dos millones, para devolver sin intereses en un lapso de cinco años, pero el dinero no ingresó a las arcas de la Ugroy. En cambio, creó un fideicomiso en torno al predio y, ahora se sabe, estableció un acuerdo con Jorge Díaz para deshipotecarlo, pero sin devolver los 2 millones de pesos, ya que se estipuló que, en garantía, la Ugroy daría su planta de alimentos ubicado en el periférico de Tizimín.
Lo grave del caso -que los ganaderos califican como “una clara acción concertada”-, es que la planta de alimentos tiene tres embargos, y la Seder, a través del Focapy, sabía con antelación que nunca iba a recuperar la hipoteca.
En tanto, el Centro Integral prácticamente está en el abandono. No hay movimiento en sus áreas administrativas, de registro, capacitación, aislamiento, recolección y laboratorio. Tampoco hay señales de la obtención, procesamiento y conservación de semen y embriones de ejemplares sobresalientes por su alta calidad y este material no está disponible para los productores pecuarios.
Lo que se presentó como un “detonante de la cadena de valor de la actividad ganadera” está lejos de impulsar el mejoramiento genético y la calidad del hato estatal. Tampoco mejora la calidad de la carne producida ni un aumento del peso promedio de las crías obtenidas.
GC
