El presunto megafraude en el desarrollo residencial Pedregales de Misnebalam, donde más de 700 clientes reclaman viviendas que debieron recibir hace dos años, afecta también a trabajadores y contratistas involucrados que creyeron en la buena fe de la empresa promotora Grupo Inverco, a la que ahora acusan de falsa, y a socios de la firma, que resultaron peces gordos de la política.
Se menciona a Mauricio Sahuí Rivero, exsecretario de Desarrollo Social y excandidato al Gobierno del Estado, y Pablo Castro Alcocer, exdelegado de la Sagarpa, como parte de un poderoso grupo inmobiliario que mezcla a personas de la administración pública con empresarios de la vivienda, en un escándalo que tiene en el ojo del huracán a Rolando Bello Mejía, sobrino del exgobernador Rolando Zapata Bello, y expresidente fundador de Grupo Inverco.
Como hemos informado, Bello Mejía, hoy Notario Público número 113 -con sede en Progreso-, es primo del exgobernador Rolando Zapata Bello e hijo del exdiputado priista Rolando Bello Paredes, quien fungió como director del jurídico de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) en el sexenio 2012-2018.
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De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio, el sobrino del senador electo se asoció con Miguel Ángel Aguayo de Pau para crear la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, el 4 de diciembre del 2018. Pero no fue la única empresa inmobiliaria que formaron: ahí está, también, Edificaciones Chuumuk S.A de C.V. el 21 de agosto del 2018, y la empresa Agube Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. el 17 de mayo del 2021, las tres nacieron ante la fe del corredor público 11, Patricio Solís Millet.
Tras el sexenio de su tío, Bello Mejía creció en el ramo inmobiliario, sin que se conociera el origen de sus multimillonarias inversiones en la compra de terrenos y conformación de empresas, en los que se mencionan como sus socios a políticos como Mauricio Sahuí y Castro Alcocer, dedicados abiertamente a los negocios de ese ramo de 2018 a la fecha.
El caso de Pedregales de Misnebalam amenaza con convertirse en un escándalo político de proporciones inimaginables, como el que enterró la reputación de Víctor Caballero Durán y su participación en Crecicuentas, la empresa que defraudó a cientos de inversionistas. A diferencia de sus compañeros rolandistas, el exsecretario de Educación se dedicó a invertir en la compra de universidades y la creación de instituciones educativas particulares y no en el “boom” inmobiliario.
En el caso del cuestionado desarrollo inmobiliario, los afectados aseguran que el proyecto enfrenta graves dificultades financieras, lo que ha llevado a prácticas cuestionables por parte de los encargados. Según las fuentes, los supervisores Ángel Caamal y Leonardo Ucán están involucrados en prácticas deshonestas, como el cobro de “moches” para liberar trabajos y el robo en los pagos a contratistas, lo que ha causado que muchos de estos opten por abandonar la obra debido a las pérdidas económicas que enfrentan.
Lo grave es que los ingenieros advierten que Pedregales de Misnebalam, al igual que los otros desarrollos que promueve ese grupo político-empresarial inmobiliario, carece de supervisión profesional adecuada, se levantan con planos incorrectos y errores de construcción que no se corrigen adecuadamente. La falta de una correcta verificación de la cimentación y de las estructuras está resultando en viviendas débiles y con vicios ocultos.
Además, el fraccionamiento de lujo está asilado, rodeada de monte y sin acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable. La única tienda en el área ofrece productos a precios exorbitantes; a pesar de eso, los trabajadores no tienen opción y deben comprar allí o caminar cinco kilómetros para encontrar otra.
Los contratistas también enfrentan problemas debido a las estrategias de los responsables de la obra, quienes ofrecen préstamos para cubrir los pagos iniciales y luego obligan a los contratistas a acumular deudas con la desarrolladora. Esta situación lleva a que los trabajadores se apresuren a terminar las obras y comprometen la calidad de la construcción para obtener los ingresos necesarios.
En el papel, en ese complejo se deben construir más de mil 500 viviendas, distribuidas en 202 lotes residenciales, estaba previsto para completarse en seis años, pero el avance actual es menos de la mitad del plan original. Unos 16 contratistas han abandonado el proyecto debido a las irregularidades y el incumplimiento de pagos.
GC