ElInstituto Nacional de los Pueblos Indígenasinvestiga donde quedaron los 100 millones de pesos destinados a la construcción de baños de comunidades autóctonas, ya que transfirió el dinero a los ayuntamientos de Hecelchakán, Tenabo y Escárcega, instancias responsables de la ejecución del programa reveló el director del INPI en Campeche, Nehemías Chi Canché.
Explicó que como parte de los proyectos que le dieron seguimiento, “no lograron justificar la construcción de los baños de Pomuch y Tenabo”, e incluso en reunión con habitantes de Don Samuel (Escárcega) también se quejaron de que el programa de baños nunca lo cumplieron.
Manifestó que existe desconocimiento de lo que sucedió con el programa de los baños, ya que trasladaron el recurso a los Ayuntamientos, y estos justificaron la construcción de la obra.
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Consideró que al justificar la aplicación del dinero, el órgano interno de control de los municipios “no lo iba a dictaminar” como obra incompleta, sin embargo tuvieron conocimiento de la irregularidad ante la queja de las personas que no les construyeron los baños, pero estas no quisieron presentar su denuncia.
Puntualizó que la oficina central del INPI, le da seguimiento a la denuncia y dio a conocer que “casualmente en este mes, hay un citatorio para ver que paso con esos recursos”.
Aclaró que el dinero lo entregó, en ese entonces, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a los Ayuntamientos que harían las obras en comunidades originarias, y el CDI recibió el documento del ayuntamiento donde notifica de la recepción del dinero.
Consideró que las personas inmiscuidas deben regresar el dinero y cubra los intereses a Hacienda aunque aclaró que desconoce si aplica “una sanción administrativa”, ya que Hacienda solicita justificar el ejercicio del dinero, de no invertirlo debe regresarlo, pero si lo regresa “después de tanto tiempo tienes cargas financieras”.
Responsabilizó al anterior gobierno de incurrir en prácticas corruptas, ya que muchos proyectos llegaron a las poblaciones originarias aunque con actos ilícitos aunado a quienes hacían los estudios técnicos recibían como pago el 40 por ciento del monto que le autorizaban.
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AA