En Campeche no existe un registro oficial sobre los anexos que laboran en la informalidad al interior de la capital, situación que genera intranquilidad y descontento en habitantes de regiones como los Barrios de Guadalupe, San Francisco y Santa Lucía, así como en Solidaridad Urbana, entre otros más; donde los habitantes exigen a las autoridades regular estos espacios.
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Un ejemplo de esto fue en el Barrio de Guadalupe, donde integrantes del Comité Vecinal, acusaron que un centro de rehabilitación ubicado sobre la Calle 12 ha generado diversos problemas, entre ellos, una riña entre los internos registrada en junio pasado, entre otros conflictos al interior del lugar, pero que, al ser un establecimiento privado, poco pueden hacer los oficiales de la Policía Estatal. “Sí genera miedo, más en las noches cuando escuchamos lamentos de las personas que están al interior del lugar, nosotros hemos pedido que este lugar sea cerrado o lo ubiquen en otra zona de la ciudad”, señalaron otros vecinos del Barrio.
Por Esto! también entrevistó a los habitantes de la calle Niños Héroes entre el Barrio de Santa Lucía y San Joaquín, donde los vecinos se dijeron preocupados por la presencia de un centro de rehabilitación en la zona y en el cual ejecutaron a un interno en octubre pasado.
“El lugar sí genera preocupación, en las noches vemos que llegan sujetos en motos y se van, algunos hacen mucho escándalo y andan a la carrera, por eso ya no salimos si no es necesario cuando es tarde”, señalaron habitantes de la zona al considerar que es evidente que se realizan actividades ilícitas en ese lugar, relacionadas con drogas.
Ley en análisis
El proyecto de emisión de norma denominado “Ley para Prevenir y Controlar Adiciones del Estado de Campeche”, que busca incluir la regulación de los espacios en tratamientos de adicciones conocidos como “anexos” está en las comisiones del Poder Legislativo para su análisis. Principalmente el proyecto de la emisión de la ley pretende la incorporación de la regulación de los establecimientos especializados en adicciones, estos que son tanto del orden público como del privado, es decir, todos aquellos que brinden el servicio en el Estado.
Para ello, el proyecto los define de la siguiente manera: “Son los establecimientos de carácter público, privado o social, fijos o móviles, cualquiera que sea su denominación, que proporcionan servicios para la atención específica de personas con consumo perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas, y que, en cualquier caso, operan bajo un modelo de atención profesional, de ayuda mutua o mixto”.
El proyecto de ley establece la incorporación del “Consentimiento informado”, el cual señala como un documento donde el usuario, padre de familia o tutor, acepta voluntariamente ingresar al programa de tratamiento bajo las condiciones de atención que el mismo establece. Es decir, que erradica la práctica hasta este momento normalizada de incorporar de forma involuntaria a los adictos a los centros de atención, donde solamente a petición de una persona “levantaban” a las personas que coloquialmente conocían como “Tazo Dorado” para ingresarlo al centro de atención.
De la misma forma, faculta e incluso obliga a la Secretaría de Salud (Ssa) a velar por el cumplimiento de la ley, así como a la misma dependencia le instruye establecer las políticas, acciones de carácter general y particular, para la prevención, atención y tratamiento de las adicciones. Además de ello será la propia Ssa quien estará obligada a autorizar, registrar y vigilar el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados de rehabilitación y tratamiento de las adicciones, de acuerdo con lo dispuesto por la NOM-028-SSA22009.
En cuanto a los espacios conocidos como “anexos” deberán acatar los procedimientos que ejecuten los centros de tratamiento y rehabilitación, ni deberán atentar contra la dignidad humana, así como la integridad física y mental del usuario.
JY
