Tras concluir el plazo de la entrega-recepción y aclarar las observaciones, se procedió a la demanda ante el Órgano Interno de Control al detectar obras pendientes de la administración que encabezó la expresidenta Juanita del Rosario Cortés Moo, además de que aceleró el pago a un 95 por ciento cuando la obra apenas estaba en un avance del 53 por ciento, pero el plazo de entrega venció el 30 de septiembre y aunque se le dio una tolerancia de poco más de 60 días, la empresa no regresó a terminar la obra por la que supuestamente cobró poco más de 21 millones de pesos.
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Derivado del proceso de entrega y recepción se detectaron obras pendientes de la administración saliente, entre ellas las irregularidades en el contrato celebrado para la Adquisición, Instalación e Interconexión a la Red de la Comisión Federal de Electricidad de infraestructura eléctrica mediante un sistema de paneles solares generadores de energía. Por lo que se tuvo que turnar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, por la falta de integración adecuada de la documentación que debe respaldar el contrato número CONF-LPA-CALKINI-01, por el cual se realizó un pago por la cantidad de 21 millones 267 mil 561 pesos con 64 centavos; sin que el pago se ajuste a lo pactado en el contrato.
Esta suma millonaria igual no fue justificada por la empresa contratada para la instalación del sistema de los paneles solares, particularmente en lo que respecta a la forma del pago, toda vez que la cantidad mencionada no se justifica con los entregables realizados por el proveedor, es por ello que se llevará un proceso judicial para que la exalcaldesa esclarezca la situación, ya que la obra no se terminó y tampoco se justificó el pago, lo que ha afectado a la nueva administración.
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Esta suma millonaria igual no fue justificada por la empresa contratada para la instalación del sistema de los paneles solares, particularmente en lo que respecta a la forma del pago, toda vez que la cantidad mencionada no se justifica con los entregables realizados por el proveedor, es por ello que se llevará un proceso judicial para que la exalcaldesa esclarezca la situación, ya que la obra no se terminó y tampoco se justificó el pago, lo que ha afectado a la nueva administración.
JGH