La crisis política en Brasil ha escalado con la acusación formal contra Jair Bolsonaro, expresidente del país, por intento de golpe de Estado en 2022 y su presunta participación en un plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.
Graves acusaciones contra Bolsonaro y aliados
La Policía Federal presentó un informe de 884 páginas en el que se señala a Bolsonaro y a otros 36 acusados, incluidos altos mandos militares, como responsables de crímenes contra el orden democrático.
Entre los implicados destacan el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a la Vicepresidencia en 2022, y el general Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional.
Es la primera vez en la historia de Brasil que militares de alto rango enfrentan acusaciones de esta magnitud. De acuerdo con el abogado Antônio Carlos de Almeida Castro, el delito podría derivar en sentencias severas, incluida prisión preventiva, dado el impacto del caso en la democracia del país.
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La trama para asesinar a Lula
La investigación revela un plan denominado “Daga verde y amarilla”, que presuntamente buscaba envenenar a Lula y justificar su muerte como resultado de problemas de salud. El juez Moraes también era objetivo del complot, planeado mediante armas de fuego o explosivos.
El intento de asesinato se frustró por divisiones internas entre los militares, según la investigación. El general Marco Antônio Freire Gomes, comandante del Ejército, rechazó apoyar el golpe, lo que evitó que la operación se ejecutara.
Implicaciones legales y políticas
El informe policial ha sido enviado al Supremo Tribunal Federal, y la Procuraduría General de la República decidirá si procede con una denuncia formal. De ser condenado, Bolsonaro podría enfrentar hasta 28 años de cárcel.
La gravedad de las acusaciones se suma a otros procesos en su contra, incluidos cargos por falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes públicos. Además, Bolsonaro ya fue inhabilitado políticamente hasta 2030, lo que limita su capacidad de regresar a la vida pública.
Reacciones internacionales y locales
Mientras el presidente Lula agradece estar vivo tras el fallido plan, Bolsonaro denuncia persecución política y defiende su inocencia. Sin embargo, la magnitud del caso podría marcar un punto de inflexión en la historia política de Brasil y en la lucha por preservar su democracia.
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