La Cámara de los Comunes del Reino Unido dio un paso histórico este viernes al aprobar, con 330 votos a favor y 275 en contra, una propuesta legislativa que podría legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales.
La iniciativa, presentada por la diputada laborista Kim Leadbeater, busca permitir que adultos con enfermedades terminales accedan a asistencia para morir bajo estrictos requisitos legales.
El debate, que se prolongó desde las 9:30 hasta las 14:30 horas, dejó ver un amplio rango de posturas entre los parlamentarios, quienes tuvieron libertad de sufragio al tratarse de un asunto de conciencia. Incluso el primer ministro, Keir Starmer, que previamente se había mantenido neutral, votó a favor del proyecto.
Requisitos estrictos y sanciones severas
Bajo el nombre "Proposición de Ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales", esta legislación establece que los interesados deben ser mayores de 18 años, residentes de Inglaterra o Gales, y contar con una expectativa de vida inferior a seis meses.
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Además, deberán estar en pleno uso de sus facultades mentales para tomar la decisión sin coacción ni presión externa.
Entre las condiciones, se requiere:
- Dos declaraciones firmadas y con testigos.
- Evaluación de dos médicos independientes.
- Una orden judicial que avale el proceso.
La ley también establece penas de hasta 14 años de prisión para quienes intenten coaccionar o manipular a los pacientes.
Compromiso ético y regulación
La propuesta especifica que un médico podrá preparar el compuesto letal, pero será la persona interesada quien deba administrarlo. Nadie más está autorizado para intervenir en este acto.
Durante el debate, organizaciones de personas con discapacidades y otros colectivos se manifestaron tanto a favor como en contra de la ley frente al Parlamento, subrayando la sensibilidad y división que genera el tema en la sociedad británica.
La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de los Lores para su revisión, podría transformar el enfoque legal y ético hacia el final de la vida en el Reino Unido, marcando un precedente en la atención a pacientes terminales y sus derechos.
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