La segunda presidencia de Donald Trump inició con una controversia judicial de grandes proporciones.
Horas después de firmar un decreto que bloquea la ciudadanía por nacimiento, 18 estados, junto con el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, emprendieron acciones legales en un juzgado federal para impedir la entrada en vigor de la polémica orden, prevista para el 19 de febrero.
Este decreto, de alrededor de 700 palabras, busca suprimir el derecho a la ciudadanía para los bebés nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales.
La administración Trump argumenta que estos niños no están “sujetos a la jurisdicción” del país, cuestionando la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de EE. UU., que data de la posguerra de Secesión y establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos (…) son ciudadanos de los Estados Unidos”.
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La orden excluye específicamente a dos grupos de la ciudadanía automática:
- Personas nacidas de madres en el país sin documentación legal, cuyos padres no tengan la nacionalidad estadounidense ni la residencia permanente.
- Personas cuyas madres se encuentren en Estados Unidos con un permiso temporal y cuyos padres no tengan ciudadanía o residencia legal.
Además, el decreto prohíbe a los organismos federales reconocer la ciudadanía de quienes pertenecen a estas categorías.
En respuesta, los fiscales generales estatales presentaron una demanda conjunta, calificando la iniciativa de “extraordinaria y extrema”. Matthew J. Platkin, fiscal general de Nueva Jersey, advirtió que “el presidente no puede reescribir la Constitución de un plumazo”.
Entre las entidades demandantes se incluyen:
- California
- Massachusetts
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawái
- Maine
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nueva York
- Nuevo México
- Carolina del Norte
- Rhode Island
- Vermont
- Wisconsin
William Tong, fiscal general de Connecticut y ciudadano por nacimiento, destacó que “la Enmienda 14 dice lo que significa y significa lo que dice: si naces en suelo estadounidense, eres estadounidense”.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes también se han sumado a la batalla legal. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en conjunto con otras organizaciones, presentó una querella en un tribunal de New Hampshire, solicitando que se declare inconstitucional el decreto presidencial por privar a los niños del “tesoro incalculable” de la ciudadanía.
La disputa, que pone en el centro la Enmienda 14, seguirá su curso en los tribunales, mientras crece la presión contra la medida ejecutiva de Trump.
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