Este 25 de marzo marca tres años desde que las autoridades de facto en Afganistán prohibieron el acceso de las niñas a la educación secundaria, afectando a más de 1.4 millones de estudiantes.
Si la restricción persiste hasta 2030, se estima que más de cuatro millones de niñas no habrán podido continuar su educación más allá de la primaria, advierte la UNESCO.
Las consecuencias de esta prohibición son profundas y multifacéticas. A nivel individual, aumenta el riesgo de matrimonios precoces y afecta negativamente la salud mental de las niñas, quienes ven truncadas sus aspiraciones y oportunidades.
Socialmente, la falta de acceso a la educación limita la formación de profesionales esenciales, como médicas y maestras, debilitando sectores clave como la salud y la educación. Económicamente, la exclusión educativa de las mujeres obstaculiza el desarrollo y perpetúa ciclos de pobreza.
Organizaciones internacionales, incluyendo UNICEF y la UNESCO, han expresado su preocupación y han instado a las autoridades afganas a levantar la prohibición.
UNICEF, por ejemplo, ha implementado programas comunitarios que han permitido que 445 mil niños y niñas accedan a algún tipo de educación, aunque reconoce que estas medidas son insuficientes frente a la magnitud del problema.
La comunidad internacional continúa presionando para que se restablezca el derecho a la educación de las niñas en Afganistán, enfatizando que la educación es fundamental no solo para el bienestar individual, sino también para la estabilidad y prosperidad de la nación.
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