La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció que el organismo defenderá el presupuesto de 13 mil millones de pesos solicitado para la organización de las elecciones judiciales de 2025, ante el posible recorte por parte de la Cámara de Diputados.
En una conferencia de prensa, Taddei explicó que el INE ha sido convocado para justificar los recursos ante la Comisión de Presupuesto. Señaló que el monto solicitado está fundamentado en los costos operativos de una elección nacional, como la instalación de casillas, capacitación de personal y logística de materiales.
Argumentos técnicos y operativos
Taddei destacó que la organización de elecciones en un país con la dimensión territorial de México implica altos costos logísticos. Explicó que cada elemento de las casillas tiene un costo específico: desde las urnas, las mamparas, hasta las crayolas y sillas para los funcionarios. Además, recordó que la capacitación de personal se realiza en dos etapas formales y requiere materiales específicos.
También señaló que las elecciones judiciales demandarán una infraestructura mayor, como el uso de hasta seis urnas por casilla, lo que incrementa el peso y tamaño del material a transportar, así como los costos de almacenamiento.
Ajustes ante posibles recortes
Ante la posibilidad de una reducción presupuestal, Taddei aseguró que las áreas del INE ya analizan dónde podrían hacerse ajustes. Sin embargo, enfatizó que cualquier recorte afectará directamente la logística y los recursos necesarios para garantizar elecciones transparentes y eficientes.
Por su parte, la consejera Rita Bell López, integrante de la comisión temporal encargada de las elecciones judiciales, confirmó que los tiempos establecidos en el calendario del INE se mantienen para celebrar los comicios el 1 de junio de 2025.
El contexto de las elecciones judiciales
Las elecciones judiciales representan un desafío logístico y financiero sin precedentes. Taddei subrayó que los recursos son esenciales para garantizar la participación ciudadana y la integridad del proceso.
El INE buscará asegurar el financiamiento completo argumentando que cada peso invertido en democracia es clave para la estabilidad institucional del país.
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