Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó su último informe de labores este 10 de diciembre, marcando el cierre de una etapa en un tribunal caracterizado por profundas divisiones internas.
La fragmentación en la SCJN se intensificó tras la implementación de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal. Dicha reforma, que incluyó la elección popular de jueces y magistrados, fue motivo de desacuerdo entre los ministros.
Un ejemplo claro fue la sesión del 5 de noviembre, cuando el voto del ministro Alberto Pérez Dayán impidió invalidar la reforma judicial, dejando al bloque mayoritario de la Corte sin margen de maniobra.
Impacto de la reforma judicial
La reforma, que busca transformar la estructura del Poder Judicial, ha sido respaldada por las ministras cercanas a la cuarta transformación, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, y Loretta Ortiz, quienes han defendido públicamente la elección de magistrados y ministros por voto popular.
En contraste, otros ministros, como Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, han manifestado su preocupación por el impacto que esta reforma podría tener en la independencia del Poder Judicial.
Durante una sesión clave, Aguilar Morales advirtió que la modificación representa una amenaza para la estructura judicial, calificándola como un cambio que “destruye al Poder Judicial”.
Divisiones internas y legado
La administración de Piña Hernández no solo cierra con tensiones entre los ministros, sino también con una Suprema Corte incompleta, tras la conclusión del periodo de Luis María Aguilar Morales. Además, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también reflejan fracturas internas.
Piña Hernández ahora lidera la transición hacia el nuevo modelo judicial, que se definirá después de las elecciones de junio de 2025, marcando el fin de una era para la SCJN.
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