Tras el devastador incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez, Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha dado pasos significativos hacia la reparación del daño a las víctimas y sus familiares.
El 17 de abril, el INM solicitó el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para gestionar el procedimiento de compensación, centrándose en los familiares de las 40 personas migrantes que lamentablemente perdieron la vida y en los 27 lesionados durante el incidente.
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A través de un esfuerzo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, se ha proporcionado un acompañamiento integral a los afectados, culminando con la resolución de la CEAV el 10 de julio sobre los montos indemnizatorios para cada familia, aunque las cantidades específicas se han mantenido en reserva por motivos de seguridad.
Hasta la fecha, 29 de las 40 familias han recibido su indemnización, y se están realizando esfuerzos para acreditar a los 11 beneficiarios restantes, asegurando que cumplan con los requisitos para recibir su compensación.
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En cuanto a los 27 migrantes que resultaron heridos, el INM está finalizando las evaluaciones para determinar las compensaciones adecuadas.
Se ha solicitado asistencia al secretario de Salud federal y a los directores del IMSS y del ISSSTE para valorar la condición de los heridos y considerar su traslado a hospitales especializados.
Los heridos graves fueron trasladados en ambulancias aéreas a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México, garantizando su recepción, alojamiento, y necesidades básicas tanto en Ciudad Juárez como en la capital.
Además, el INM ha facilitado el traslado de familiares de las víctimas a hospitales y oficinas consulares, proporcionado boletos de avión y expedido tarjetas de visitante por razones humanitarias.
Para las personas fallecidas, se han coordinado esfuerzos con la Sedena, Semar y la Asociación Nacional de Directores de Funerarias AC (ANDF) para su repatriación y servicios funerarios.
En respuesta a este trágico evento, el INM solicitó investigaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Área de Especialidad de Control Interno en Gobernación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), buscando esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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