Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre el desarrollo del pasado proceso electoral, destacando la seguridad brindada a los candidatos y rechazando las acusaciones de la oposición respecto a una supuesta violencia extrema.
Durante la conferencia en Palacio Nacional, y en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez Velázquez reveló que durante el proceso fueron asesinadas 12 personas candidatas oficialmente registradas ante los institutos electorales locales.
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La secretaria enfatizó que se recibieron 645 peticiones de protección, de las cuales 595 fueron atendidas y 50 fueron declinadas por los propios solicitantes.
Actualmente, 121 candidatos electos continúan con medidas de seguridad hasta que asuman sus cargos.
Rodríguez Velázquez negó las afirmaciones de la oposición sobre la violencia electoral, calificándolas como campañas de desprestigio contra el gobierno.
"Se trata de campañas que pretenden el desprestigio al gobierno, un comparativo de los homicidios que tuvieron lugar en diferentes momentos procesos electorales es muestra de ello," declaró.
Añadió que el proceso electoral fue "muy cuidado" y vigilado por las Fuerzas Armadas.
A pesar de los incidentes, la secretaria subrayó que no se registraron homicidios de contendientes a cargos de elección federal ni a gubernaturas, contrastando con situaciones ocurridas en administraciones anteriores.
En su informe, destacó que todas las solicitudes de protección recibidas fueron gestionadas diligentemente para asegurar la integridad de los candidatos.
Las investigaciones de los homicidios están a cargo de las fiscalías estatales, con el objetivo de evitar la impunidad y esclarecer los hechos.
La SSPC continuará brindando el apoyo necesario a los candidatos que lo requieran hasta que asuman sus puestos oficialmente.
Rodríguez Velázquez concluyó reafirmando el compromiso del gobierno con la seguridad y la justicia, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a los actores políticos y garantizar un entorno electoral seguro y justo.
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