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Internacional
Hezbolá anuncia represalias por la 'masacre israelí' contra sus milicianos
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Escrito por Israel Olguín
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) comenzó, a partir del primer minuto de este 21 de agosto, un paro indefinido de actividades jurisdiccionales.
Esta acción es parte de su rechazo a la reforma impulsada por el gobierno de México que plantea la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a partir de 2025.
El paro de labores afecta a la mayor parte del Poder Judicial de la Federación (PJF), excluyendo únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La Jufed también ha exigido la instalación inmediata de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso mexicano para negociar y alcanzar acuerdos necesarios en torno a esta reforma.
En su conferencia matutina del martes 20 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "ilegal" la huelga convocada por los jueces y trabajadores judiciales, aunque minimizó su impacto.
"No va a suceder nada, no pasa nada, y en lo que a nosotros corresponde: respeto absoluto a su huelga, libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar", afirmó el mandatario.
🟡#COMUNICADO Declaratoria formal de suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales del #PJF, con exclusión de la #SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) August 21, 2024
🔗 https://t.co/Lx8RdmSGq4
🔗 https://t.co/66ufmXhrYD pic.twitter.com/vc3K86jSLK
La iniciativa de reforma judicial, propuesta por López Obrador, permitirá que a partir de 2025 los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular. La Jufed argumenta que esta medida afectaría gravemente la carrera judicial y abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión sobre los procesos judiciales.
El gobierno prevé votar la reforma constitucional en septiembre, cuando se espera contar con la mayoría calificada en el Congreso necesaria para modificar la Constitución.
IO
