Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos advirtieron que el estado de Chiapas se enfrenta a una creciente crisis de violencia, comparando la situación actual con un escenario de guerra civil.
Esta alerta se intensificó tras el asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el pasado domingo, mientras se dirigía a la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas. El religioso, conocido por su defensa de las comunidades indígenas y su lucha contra la violencia, fue víctima de un ataque violento que ha conmocionado a la región.
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Durante una conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, la actriz Julieta Egurrola leyó un pronunciamiento en el que se alertó sobre la situación crítica en Chiapas. "A poco más de dos semanas de la presidencia de Claudia Sheinbaum, Chiapas está en un escenario de guerra civil", señalaron.
Los denunciantes recordaron que ya en 2021 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió que la región estaba "al borde de la guerra civil", y ahora se confirma que Chiapas ha devenido en un verdadero campo de batalla.
Las organizaciones civiles denunciaron que las comunidades indígenas, especialmente en el poblado ‘6 de octubre’ del EZLN, han sido víctimas de una serie de ataques. Entre las agresiones se cuentan amenazas con armas de alto calibre, violaciones, incendios de viviendas, y el saqueo de cosechas y ganado, todo con el objetivo de desalojarlos de sus tierras.
De acuerdo con Carlos González, miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI), estas acciones violentas son perpetradas por habitantes de la comunidad vecina de Palestina, quienes, según afirman, están respaldados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, un defensor activo de las comunidades indígenas, ha profundizado el temor en la región. González advirtió que “Chiapas está en guerra, México está en guerra”, y subrayó que el avance de los cárteles criminales ha penetrado las instituciones del Estado mexicano, independientemente del partido político que las encabece.
Añadió que estos grupos delictivos están usando a las instituciones como herramientas para tomar control de territorios clave, particularmente en la frontera con Guatemala, donde la violencia ha dejado a cientos de personas desaparecidas y pueblos prácticamente abandonados.
El conflicto en Chiapas, según las organizaciones, también está relacionado con la implementación de megaproyectos, como el Tren Maya, que consideran parte de un plan impulsado por intereses internacionales, particularmente del gobierno de Estados Unidos y grandes corporaciones multinacionales.
González recordó que esta situación no es nueva y que tiene sus raíces en gobiernos anteriores, como el de Felipe Calderón (2006-2012), pero que la crisis ha continuado y empeorado bajo la administración actual.
Los activistas hicieron un llamado urgente al gobierno de Claudia Sheinbaum para que detenga la violencia y ponga fin a la colaboración entre el Estado y los cárteles. En un pronunciamiento firmado por diversos colectivos y figuras públicas, como el actor Diego Luna, también exigieron el cese de la militarización en la región.
Por su parte, Isabel Valencia, representante de la comunidad otomí en la Ciudad de México, criticó duramente a la presidenta Sheinbaum, acusando de "simulación" su promesa de inclusión. Valencia afirmó que los pueblos originarios no se sienten representados por su gobierno y que sus demandas siguen sin ser escuchadas.
La situación en Chiapas continúa deteriorándose, con un creciente llamado de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y activistas para que el gobierno actúe con urgencia y detenga la espiral de violencia que asola la región.
IO
