El Ayuntamiento de Mérida deja a futuras administraciones (por lo menos a seis) sin acceso al fondo del Fideicomiso del Tren Maya, al aprobar la firma de un convenio por 20 años con el Fondo Nacional de Turismo para el uso de terrenos de la Reserva Cuxtal, donde cruzará el proyecto ferroviario.
Los regidores Ana Gabriela Aguilar Ruz, Alejandrina León Torres y Liborio Vidal Cañetas, votaron ayer en contra de la firma del convenio y demandaron establecer una cláusula para que futuras administraciones puedan gestionar ante Fonatur recursos para impulsar el desarrollo de infraestructura urbana de Mérida.
En su intervención, la regidora Ana Gabriela Aguilar, al fijar su posicionamiento, explicó que: "Hoy se somete a consideración de este Cabildo Municipal el convenio específico de Colaboración en Materia Ambiental con Fonatur, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., este Ayuntamiento y la Reserva Ecológica de Cuxtal, deseo manifestar mi preocupación y mi inquietud con su contenido".
Por ejemplo, en la página 8 del convenio, Cláusula Tercera, apartado B, señala la obligación del Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal,
“B. Implementar medidas de mitigación y/o compensación ambiental durante la construcción de “El Proyecto”, tales como: mantenimiento de cortinas de vegetación forestal de por lo menos 10 (diez) metros de ancho en ambos lados de la trayectoria del tren; reforestación de las cortinas de vegetación con especies nativas, con densidad de 600 (seiscientas) plantas/ha e índice de sobrevivencia del 85% (ochenta y cinco por ciento); conservación ambiental de, al menos, el 50% (cincuenta por ciento) de la superficie total de “El Proyecto”; rescate y reubicación de fauna silvestre, así como el establecimiento de pasos funcionales; rescate y reubicación de flora endémica y de interés ecológico que se encuentre en el área de afectación; obras de conservación de suelo para mitigar la erosión; abastecimiento de material de obra, proveniente de bancos autorizados; implementación de un programa de manejo y gestión de residuos; y finalmente, implementación de Proyectos de Compensación Ambiental por cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales”.
La vigencia del convenio es de 20 años, pero la “Distribución de Recursos por Ejercicio Fiscal” por 278 millones 614 mil pesos será en su mayor parte en dos años: 71 millones 354 mil 266.64 pesos este año y 196 millones 749 mil 733.36 pesos el próximo año, y sólo 6 millones 306 mil pesos para el año 2022 y cuatro millones 204 mil para el 2023.
Por lo tanto, en caso de llevarse a cabo las acciones, ¿Cómo se fortalecerán las acciones a lo largo de la duración del convenio los años siguientes hasta el 2040?
Destacó que en Cuxtal se encuentra una de las reservas de agua del municipio, de la cual se extrae el 50 por ciento de la demanda. Recordó que al publicarse en julio de 1993 el decreto de Área Natural Protegida en la modalidad de Zona Sujeta a Conservación Ecológica Denominada “Reserva Cuxtal” del Municipio de Mérida, Yucatán, se incluyeron varios objetivos, entre los que quiero destacar que serían para la protección de la zona de captación de agua para el suministro de la ciudad de Mérida. Además, la conservación de la flora y fauna son muy importantes para garantizar ese abasto de agua, así como conservar los ecosistemas de la región y fomentar la educación ambiental, la investigación científica, impulsar el aprovechamiento racional de los ecosistemas naturales.
Conforme lo estipulado en el artículo 2º, apartado A, Fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los pobladores originarios del lugar tienen el derecho al acceso con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución federal.
La regidora señaló que los pobladores de las comisarías de Dzununcán, Molas, San Ignacio Tesip, X’Matkuil, Santa Cruz Palomeque, San Pedro Chimay, Hunxectamán, Dzoyaxché y Tahdzibichén e incluso del Sur de la ciudad, tienen el derecho a ser consultados conforme lo previene la propia Constitución federal, local y el Convenio OIT, porque si bien la autoridad federal ya hizo una consulta, ésta tiene que ser específica, porque ya se conoce la zona que va a impactar y los pobladores que habitan en ella y, por tanto, se les debe reconocer su interés legítimo.
La CNDH, preocupada
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha manifestado su preocupación y el inicio de una investigación para detectar probables violaciones a los derechos humanos de los habitantes de comunidades originarias debido a este megaproyecto del Tren Maya.
El pasado 14 de mayo esta misma autoridad emitió una recomendación oficial en la que privilegiaba la salud humana ante los intereses económicos, y exhortó a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) suspenda las actividades no esenciales relativas al megaproyecto denominado Tren Maya, a petición colectiva de comunidades mayas que habitan las zonas donde serán instaladas las vías del tren.
"Tenemos que garantizar derechos a nuestro pueblo originario previa firma de este convenio, pues de otra manera ponemos en riesgo a las familias de Mérida y a quienes impactarán los acuerdos de este convenio".
"Por último, quiero resaltar que el Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya, en el artículo 19 de su Reglamento interno, dispone textualmente lo siguiente: Artículo 19.- El Instituto podrá proponer la creación de un órgano de consulta conformado por representantes de los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal y conjuntar esfuerzos".
Por lo que propuso no aprobar este convenio y proceder conforme a derecho corresponde, en coadyuvancia con este Instituto. Pero al final de cuentas el punto fue aprobado por mayoría calificada.
Parques con internet
En la misma sesión, la regidora Alejandrina León Torres propuso dotar del servicio de WiFi a todos los parques de Mérida y sus comisarías, como ejemplo, dijo que en Caucel hay 20 parques, pero sólo cuatro cuentan con servicio de Internet; luego de prolongado debate con el regidor Jesús Pérez Ballote, al final el mismo alcalde reconoció la falta de ese servicio y se comprometió a ejercer acciones en ese sentido como apoyo a la población, especialmente a los estudiantes que necesitan de esa vía para poder continuar su formación educativa.
Otro de los puntos aprobados fue la negación de una donación de terreno a Carlos Mario Zubieta y Kara Zubieta Villalobos, porque el área que ocupan supera la cantidad máxima de 600 metros cuadrados para que proceda la solicitud, toda vez que el terreno que ocupan es de mil 199 metros cuadrados y, a petición del juez, la Comuna fijó ayer su postura y al final por unanimidad no procedió la solicitud correspondiente.
También se aprobó la convocatoria y las bases para licitar la compra de concreto asfáltico a la Dirección de Administración.
Por Víctor Lara Martínez