A partir de este año, los trabajos relacionados con el Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos en términos de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo de la Cuarta Transformación, avanzan en varias zonas del país, incluidos municipios de Yucatán: el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó los tramos que “impactarán” a ocho demarcaciones: Tixpéhual, Chocholá, Izamal, Tixkokob, Maxcanú, Umán, Uayma y Mérida.
De acuerdo con el DOF, se identificaron un total de 663 mil 181.80 metros cuadrados (aproximadamente 66 hectáreas), correspondientes a 70 inmuebles de propiedad privada en estos municipios, aptos para la construcción de infraestructura pública asociada al ferrocarril.
El Tren Maya ha sido calificado como el proyecto de infraestructura más importante de administración anterior, pero también de la actual, y se espera que beneficie no solo al turismo, sino también a las comunidades locales con empleos, derrama económica y desarrollo más sostenible.
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Según las autoridades, la obra también busca proteger el medio ambiente al desalentar actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies en la región, al tiempo que pretende mejorar el ordenamiento territorial en las áreas cercanas a las vías del tren.
En Yucatán se ejecutarán obras para habilitar los terrenos necesarios para el paso del tren. El DOF también detalló los números catastrales correspondientes a los terrenos que se utilizarán en la construcción de los tramos 3 y 4 del proyecto.
De Tixpéhual, se usarán varios tablajes catastrales: 4167, 4850 y 4170, entre otros. En Chocholá, los números 3484, 1135 y 1930, mientras que en Mérida se contempla el uso del terreno con el número 26068.
Además, el proyecto afectará terrenos pertenecientes al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el tramo 4 del Tren Maya, especialmente en los municipios de Uayma, Chocholá y Umán, con los números catastrales PRED-7, PRED-8, PRED-1 y PRED-1ª, entre otros.
El Tren Maya es una obra que, además de sus beneficios esperados, también conlleva una serie de desafíos en cuanto a la gestión de los derechos de vía, particularmente cuando se trata de terrenos de propiedad privada.
El gobierno federal y los responsables del proyecto se han comprometido a negociar acuerdos con los propietarios de los terrenos que aún no se han regularizado, buscando acuerdos beneficiosos para ambas partes.
Además, se contempla realizar consultas con las comunidades y pueblos originarios para obtener su aprobación y garantizar que sus derechos sean respetados durante la construcción del tren. No obstante, el gobierno ha asegurado que el proyecto estará enfocado en integrar a las comunidades y en procurar el bienestar de todos los involucrados.
