Ricardo Ravelo
El acuerdo alcanzado la noche del miércoles 20 en el Senado de la República para aprobar el proyecto de la Guardia Nacional (GN) con un mando civil es, sin duda, un avance significativo en esta larga travesía de discusiones, jaloneos, diferencias y confrontaciones desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta ante el Congreso.
Ahora viene lo más importante: que opere y funcione. Todo está por verse.
Sin embargo, en voz del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, la aprobación se da como un hecho y sus palabras, elocuentes sin límites, así lo expresan: “La Guardia Nacional no va a sustituir a las policías estatales y municipales”, dijo. Y añadió en el mismo tenor: “Será una institución federal que actuará de manera subsidiaria apoyando a éstas según sus necesidades, por lo que la Guardia responde al respeto al federalismo”.
Luego describió con amplios detalles lo que bien podrían ser las bondades de la superestructura de seguridad del nuevo Gobierno. En sus palabras, casi la perfección:
“Un cuerpo policial especial, disciplinado, dotado de una nueva arquitectura para enfrentar la inseguridad, eficiente en su actuar y que cuente con la confianza de los ciudadanos. La base de la Guardia será la Policía Militar, Naval y Federal, con capacitación adicional, van a ser homologados en disciplina jerárquica y el carácter será civil. Su homologación no significa la militarización de la estructura del Estado, es la oportunidad para que las Fuerzas Armadas dejen de hacer la función de seguridad pública y regresen a sus funciones”.
En teoría, la GN será una corporación casi perfecta, imposible el error, en palabras de Monreal, como si ese cuerpo de seguridad nacional no estuviera conformada por seres humanos que, por cierto, no han sido evaluados. Se da como un hecho que todos los elementos que conformarán el nuevo aparato de seguridad son eficaces, probos y confiables, ni un solo estudio avala su probidad.
Ni una palabra dijo el Senador de Morena sobre los controles estrictos a los que deberá estar sometida, mucho menos se habló, a lo largo de las acaloradas discusiones, sobre la necesidad de que las bases de apoyo de la GN –policías estatales y municipales– también deben ser depuradas de la corrupción que las mantiene atenazadas.
Y es que el discurso de Monreal –y de todos los coordinadores parlamentarios que festinaron el gran acuerdo para que por fin se apruebe el proyecto– suena muy parecido al que en 1997 fue pronunciado por Jesús Murillo Karam, entonces subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, cuando se aprobó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se creó la Policía Federal Preventiva.
En aquel entonces el ex Gobernador de Hidalgo y ex Procurador General de la República dijo que el nuevo proyecto policiaco –producto de la fusión de la Policía Fiscal, Federal de Caminos y la portuaria– era lo más avanzado que pondría fin a la oleada de violencia que trastocaba el Gobierno de Ernesto Zedillo. Todo aquello resultó puro cuento.
En aquel momento se habló de una inversión de 300 mil millones de pesos para hacer frente a los embates del crimen organizado, al poderío de los carteles y a la corrupción, atroz desde entonces, que carcomía los cimientos de las policías estatales y municipales.
Todo aquello terminó en un verdadero fiasco.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública más o menos se mantuvo, convertido a la postre en Plataforma México, un sistema que por primera vez creó una base de datos, el kárdex del crimen organizado que, por cierto, dejó de ser secreto porque durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña la plataforma podía ser auscultada con un pago de no menos de 200 mil pesos con el objeto de obtener alguna ficha criminal.
Más tarde, la extinta PFP participó en la guerra fallida que Calderón emprendió en contra del narcotráfico –en entredicho por sus nulos resultados– y debido a la corrupción y a la infiltración del narcotráfico en sus filas tuvo que ser disuelta y en un pispás el Gobierno de Vicente Fox creó la Agencia Federal de Investigaciones bajo el mando de Genaro García Luna, acusado después de servir al narcotráfico.
García Luna, el súper policía del panismo, se mantuvo al frente de los proyectos de seguridad pública de 2000 a 2012, doce años durante los cuales se le acusó de todo pero nunca autoridad alguna procedió en su contra a raíz de los señalamientos que, dentro y fuera de México, lo vincularon con el cartel de Sinaloa.
García Luna carga con la responsabilidad de miles de muertes ocurridas a lo largo de los gobiernos del PAN a causa de la inseguridad; a sus fallas y corruptelas debemos este caos que priva en México, la guerra imparable entre los cárteles y la corrupción que llegó hasta los más altos niveles del poder. En esa etapa fue el crimen organizado el amo y señor del país, atrofiadas las policías y sus mandos por el billete verde.
La GN está a un paso de aprobarse y todo indica que así será. Pero ningún Senador ni el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo –quien parece que ya no escucha– ha expresado la necesidad de crear un programa específico para depurar a las policías estatales y municipales, brazos armados del crimen.
Parece que se olvida que fue a través de esas estructuras de seguridad por donde penetró el crimen organizado a raíz de la derrota del PRI en el 2000, cuando el narcotráfico se diseminó por todas partes. Lo primero que ocurrió fue que comenzaron a controlar a los alcaldes y paralelamente a las policías y ambos –ediles y policías– comenzaron a servir a los intereses aviesos de la mafia, implacable la corrupción que los devoró.
En la mayoría de los diagnósticos estatales las policías municipales aparecen como las más contaminadas, pues más del 80 por ciento de esos cuerpos de seguridad son pagados por el narcotráfico. Ningún Gobierno estatal ha cumplido con los programas diseñados para mejorar la eficiencia de las policías. Los recursos destinados para ese propósito han sido desviados para otros fines, incluso personales.
Ya no se puede destacar, por ahora, que alguna entidad federativa esté libre de corrupción a nivel de las policías estatales y municipales. Desde mi punto de vista, ninguna se salva. En todo el país, las corporaciones policiacas se convirtieron en brazos armados del crimen: lo mismo matan que secuestran y cobran piso a nombre de los carteles; también desaparecen a personas enemigas, intimidan, protegen a las redes del huachicol y a todo lo que huele a crimen organizado.
Es por ello que resulta urgente que, antes de que la Guardia Nacional arranque sus funciones, se le exija a los gobernadores una limpia de sus corporaciones estatales y municipales. La Guardia Nacional –la perfecta estructura que describe Monreal– no podrá coordinarse con las corporaciones corruptas y contaminadas. Las manzanas podridas deben separarse de las sanas.
Y por lo que respecta a las corporaciones que integrarán la GN, nadie ha dicho si ya fueron evaluadas y cuál es el nivel de confiabilidad de cada uno de sus elementos.
Hay demasiada prisa en ese proyecto. Y todo indica que la GN comenzará a funcionar en medio de la contaminación que envuelve a las policías estatales y municipales. Quizá sobre la marcha se ajuste lo demás, como reza el refrán, “caminando se acomoda la carga”.
Pero se tendrán que asumir los costos, latentes por donde se le mire, de que la GN se contamine, como pasó con el Ejército. Ahí están Los Zetas y los militares presos por corrupción. Nadie ha implementado, hasta ahora, una valoración respecto al nivel de confiabilidad de los elementos de la Policía Federal, Naval y Militar. El Presidente López Obrador ha dicho que Peña Nieto le entregó un desastre en el país y las policías no son la excepción. En este caso, ¿Por qué confía en las corporaciones que formarán parte de este nuevo proyecto?
¿De dónde parte la confianza en esas tres corporaciones para que sean una garantía al conformar la GN? ¿Ya las evaluaron? ¿Cuál es el diagnóstico?
Nadie lo sabe.
Lo que es un hecho es que el presidente López Obrador tiene mucha prisa en que el Senado apruebe el proyecto, le urge la GN aunque las tres corporaciones todavía no estén evaluadas ni depuradas y aun así él confíe en una eficiencia que todavía no está probada. Todo dependerá del compromiso que cada uno de sus integrantes asuma frente a la realidad del país: 14 carteles en operación en todo el país, policías convertidas en brazos ejecutores del crimen, tráfico de combustibles, por decir lo menos.
Quizá la urgencia se explique por el nivel de violencia que todavía sacude al país.
Y no es para menos.
Tijuana: el berrinche de Martínez Veloz
El lunes 18, el Comité Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con base en sondeos, encuestas y en un amplio análisis del perfil de sus precandidatos a la alcaldía de Tijuana, decidió que el empresario Arturo González Cruz fuera su abanderado para contender, el próximo 2 de junio, por la presidencia municipal de Tijuana. González y Jaime Bonilla –este último abanderado de ese partido a la gubernatura de Baja California– trabajarán en un amplio proyecto para echar al PAN de ese estado, pues a lo largo de casi 30 años los panistas sólo han dejado corrupción, violencia de alto impacto y crisis económica en una de las ciudades fronterizas más importantes del país.
La reacción de Jaime Martínez Veloz –otro de los fuertes aspirantes a la alcaldía de Tijuana– no se dejó esperar: al conocer el fallo, de inmediato alzó la voz y recriminó a la dirigencia de Morena la decisión en favor de González Cruz, pues adujo ser el mejor precandidato. Sin embargo, las trapacerías de Martínez Veloz salieron a flote: muy pronto se descubrió que “maquilló” encuestas que le favorecían, alquiló medios de comunicación para su servicio, derrochó recursos que pusieron en duda su origen y, por si fuera poco, también se descubrió que contrató bots con los que pretendió aparecer con una abrumadora preferencia para ser candidato a la presidencia municipal de Tijuana.
Todo indica que rompió con Morena y se alió al PRD para buscar ahora la gubernatura de Baja California. De confirmarse su candidatura, Martínez Veloz iría en fórmula con Julián Leyzaola, el ex director de Seguridad Pública de Tijuana a quien se atribuye haber resuelto la inseguridad en ese municipio, aunque momentáneamente, pues resulta que esa ciudad fronteriza actualmente enfrenta choque de carteles y asesinatos todos los días.
Martínez Veloz ha sido duramente cuestionado, entre otras razones, por el uso excesivo de recursos, hasta ahora no justificados. También rompió el pacto firmado entre los precandidatos de Morena para acatar cualquier fallo. En diversos sitios de Internet y en columnas políticas locales se afirma que ha recolectado dinero de los dueños de bares y antros de la zona roja de tolerancia de Tijuana; se le atribuyen vínculos con los hermanos Brizuela (dueños de diez bares) y con Alejandro Arretche, otro empresario del alcohol y del Table Dance, dueño de “Las Pulgas”. Otros vínculos raros que le cuelgan a Martínez Veloz es con Candelario Areceaga Aguirre, “El Cande”, presuntamente relacionado con la venta de drogas…En fin, la mala fama persigue a quien podría ser el abanderado del PRD a la gubernatura de Baja California. No sería el primer candidato con presuntos vínculos sucios que ese partido postula para un cargo público.
(SIN EMBARGO.MX)