Con la arrebatada decisión del Senado de extender el período del presidente de la Suprema Corte para asegurar el control del poder judicial, me parece que Andrés Manuel López Obrador le está fallando a Andrés Manuel López Obrador. El animal político que vive en él y lo lleva a meterse en la trinchera cuchillo en mano a dar codazos y mordidas, traiciona al estadista que quisiera ser, aquél que habla de otros valores o de dignificar la vida pública. Ahora habrá que ver si Arturo Zaldívar, el presidente de la Corte, accede a este dudoso beneficio y traiciona también a Arturo Zaldívar, el prestigiado jurista.
Si queremos ser honestos, incluso los que simpatizamos con las banderas de la 4T tendríamos que cuestionar la decisión que tomó la cámara de senadores, gracias a la mayoría de Morena, para forzar la extensión del mandato de Zaldívar durante el resto del sexenio, a pesar de que su período formalmente concluía en 2022. Los legisladores arguyen que de esa manera se facilitan los cambios constitucionales que están en marcha (a iniciativa del Poder Ejecutivo). En plata pura, para tener un jefe del Poder Judicial cómodo para los proyectos que busca el Presidente y pasan por tribunales.
Tanto la intención como el modo contradicen el espíritu republicano y demócrata que López Obrador afirma honrar, por no hablar de violación a la ética en la vida pública que él predica. Empecemos por el modo.
La iniciativa la colocó en el Senado el Partido Verde Ecologista sorpresivamente y sin aviso previo, en los últimos minutos de una sesión, pero claramente orquestada con los legisladores de Morena para imponerla inmediatamente. Nadie pudo verla venir. El madruguete y la simulación al recurrir a un partido satélite hacen recordar las chabacanerías del antiguo PRI, que solía utilizar al PARM o equivalentes cuando orquestaba una iniciativa vergonzante. Un procedimiento indigno de un movimiento político y un líder que afirman ser distintos a los de antes.
Lo más grave es lo que hay de fondo. Los períodos de los ministros de la Suprema Corte, del INE y de otros organismos claves fueron establecidos deliberadamente en múltiplos de años distintos al sexenal, con el propósito de que estos funcionarios no respondieran automáticamente a la filiación política del Gobierno en turno o del Poder Legislativo predominante. Fue un acuerdo pactado desde hace años por todas las fuerzas políticas y quedó inscrito en la Constitución, con el propósito de ir sacudiendo al sistema político del pesado presidencialismo que le caracterizaba. Y si bien tal presidencialismo no se ha desdibujado del todo, ni mucho menos, ni los presidentes ni los gobiernos en turno se atrevieron a violar la norma que los limitaba. Hasta ahora. Y por lo demás, no hay ninguna duda de los motivos que alientan esta irregularidad, explicados en la argumentación misma: darle a López Obrador un Poder Judicial a modo para los cambios que vienen. Cabe señalar que no solo se extendió el periodo del presidente de la Corte, sino también el de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, donde Morena tiene predominio. Este consejo es el órgano responsable del nombramiento, de la evaluación y de las sanciones a los jueces. En suma, una respuesta a las continuas quejas de AMLO respecto a los tribunales que fallan en contra de sus proyectos y deseos.
Los seguidores más fieles de la 4T dirán que estas “minucias” se valen frente a lo que está en juego o que López Obrador lo está haciendo para conseguir un bien mayor: instalar un régimen más favorable a los desprotegidos. Pero yo me quedo con el López Obrador que dice estar convencido de que la violencia no se combate con más violencia. La justicia social no tendría que obtenerse recurriendo a prácticas indecentes, de la misma forma que no se consigue una vida pública más ética echando mano de recursos inmorales. Contradice el espíritu de un hombre y un movimiento que llegaron al poder invocando una renovación moral de los valores prostituidos por el neoliberalismo y en abierta crítica al agandalle y a la transa como vía para conseguir lo que se desea. Y por lo demás, el procedimiento sienta un precedente que ni siquiera los presidentes satanizados del pasado habían utilizado, pero que en lo sucesivo se sentirán autorizados a emplear.
Se dirá que los fines justifican los medios. Pero esa frase ha mostrado ser, una y otra vez, la gran mentira de la historia. Los medios perniciosos terminan envileciendo los mejores propósitos.
No solo la ética o la imagen de López Obrador salen dañados con esta tarascada orquestada en el Senado. También la figura de Arturo Zaldívar, un Ministro de larga trayectoria y excelente reputación (no unánime, pero sí mayoritaria entre la opinión pública). Ciertamente se ha caracterizado por ser un Juez sensible a los temas sociales, alguien que a diferencia de otros colegas siempre ha buscado el difícil equilibrio entre la justicia y la legalidad; un árbitro que se ha negado a aplicar la letra rígida cuando el resultado provoca más daños que beneficios. Justamente esta sensibilidad social es lo que están buscando en Palacio Nacional para todo lo que resta del sexenio.
La duda que tienen todos los que conocen a Zaldívar es si él estará dispuesto a aceptar una argucia que lo haría cómplice de algo que traiciona a su trayectoria y a su imagen profesional. Justamente el hecho de que quieran extender su período porque lo consideran favorable, es un insulto a él mismo y a la noción de una Suprema Corte independiente de la voluntad del soberano.
En el país que López Obrador pintó y sobre el cual nos hizo soñar en su toma de posesión no cabría una infamia como esta. Me parece que el fragor de la lucha le impide ver las consecuencias que tiene para su imagen y su legado último. Él, más que nadie, tendría que pensárselo dos veces antes de recurrir al “haiga sido como haiga sido” con el que fue derrotado en 2006. Zaldívar tiene la enorme oportunidad de cubrirse de gloria rehusando participar en este dañino escándalo, conservar su reputación y, sobre todo, salvar al propio López Obrador de su lado oscuro.
Por: Jorge Zepeda Patterson