Las recientes filtraciones de documentos secretos del Pentágono y del Gobierno de los Estados Unidos han movido las tintas y preocupado sobre todo a los Gobiernos que, por practicar el secretismo, tienen techos de vidrio.
El primero de los 14 puntos proclamados en el 1918 por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, para ordenar las relaciones internacionales una vez concluida la Primera Guerra Mundial y que sirvieron de base para la constitución de la Sociedad de Naciones fue: “Abolición de la diplomacia secreta”, precepto que, por distintas razones, era defendido también por Vladimir I. Lenin, el líder bolchevique que fue su contemporáneo.
Para Wilson era una cuestión nodal porque evitaba que las potencias europeas, en secreto, se coaligaran unas contra otras a espaldas no sólo de los Estados Unidos, sino de la Sociedad de Naciones, que él auspiciaba como centro de concertación política y garante de la paz.
Entonces tuvo razón porque, sin transparencia, las alianzas políticas pueden derivar en conspiraciones, cosa difícilmente compatible con relaciones internacionales apropiadas.
La preocupación de Lenin era otra y partía principalmente de consideraciones asociadas a la situación política interna de Rusia donde, a espaldas del pueblo ruso, el régimen del Zar no sólo establecía alianzas internacionales ilegítimas que llevaron a Rusia a involucrarse más profundamente que cualquier otro país en la Primera Guerra Mundial, sino al recrudecimiento de la represión interna al amparar la labor de la Policía y los Servicios Secretos.
Si las filtraciones de hoy, como antes, fueron los Papeles del Pentágono (1971) y los resultados de las actividades de Edward Snowden (2013), Chelsea Manning (2010) y Julian Assange (2010), así como los Panama Papers y otros fenómenos análogos, significan adelantos hacia el fin de la diplomacia secreta y de la gobernanza basada en el secretismo, bienvenidas sean las filtraciones que no molestan ni perjudican a los pueblos ni a la prensa, sino todo lo contrario.
En Estados Unidos, donde la Primera Enmienda protege casi todo lo que se diga, se escriba o se divulgue, no existe ninguna ley que penalice la revelación de información clasificada y en el 1967 se emitió la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) la cual permite que cualquier persona solicite copias de los registros del Gobierno federal; todavía el Gobierno tiene facultad para clasificar documentos por decenas de años.
Entre los muchos ejemplos resalta el de una ley del Congreso del año el 1992, según la cual, los informes sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, clasificados por 25 años, deberían haber sido publicados en el 2017.
No obstante, en esa fecha, el presidente Donald Trump, en nombre de la seguridad nacional, decidió que un gran número de documentos debían continuar en secreto.
El caso de Jack Teixeira, acusado formalmente bajo los términos de la Ley de Espionaje del 1917 por la filtración de documentos secretos, difícilmente se sostenga porque el joven no entregó información a enemigos de los Estados Unidos ni conspiró contra ellos, en cualquier caso, obtuvo una información, la cual divulgó, acción esencialmente protegida por la Primera Enmienda. ¡Abajo el secretismo” ¡Libertad para Julian Assange!