Condenada Mamita Yunai

Un juez de Florida (Estados Unidos) condenó a la empresa Chiquita Brands, antigua United Fruit Company, la Mamita Yunai de tantos obreros muertos, la misma de la masacre de las bananeras, ahora con otro nombre, a indemnizar a nueve víctimas de los paramilitares.

Un Jurado determinó que la empresa es civilmente responsable por asesinatos cometidos por el grupo criminal al que financió: homicidios, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y secuestros, fueron ejecutados materialmente por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) utilizando recursos que la empresa bananera les proporcionaba. Bajo la presión de múltiples pruebas aducidas por los demandantes, en el 2007 Chiquita aceptó su culpabilidad.

Ese financiamiento no fue producto de extorsión por parte de los grupos armados ilegales como pretendía hacer creer la empresa; fue una estrategia para librarse de sindicatos problemáticos por las demandas que planteaban, como lo manifestaron excomandantes paramilitares en sus declaraciones ante jueces, lo cual vino a reforzar lo dicho por las víctimas. Así se logró la primera condena en Estados Unidos contra una empresa nacional que cometió crímenes contra los Derechos Humanos en otro país. Ya en el 2003, en uno de los expedientes que obran en el proceso, se comprobó que los grandes jefes en ese país conocían de los pagos que la empresa hacía a esos grupos en Colombia.

No es la única ilegalidad de esta Chiquita, también se ha demostrado en estrados que en sus cargamentos de bananos se camuflaba el contrabando de cocaína.

En Santa Marta, ciudad a orillas del Mar Caribe, donde tuvo asiento la United a principios del siglo, aún ronda el espíritu macabro de la masacre que el Ejército colombiano realizó en apoyo de la empresa para acabar con la huelga del sindicato.

Cien años de soledad la inmortalizó así: “La ley marcial facultaba al Ejército para asumir funciones de árbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa de conciliación. Tan pronto como se exhibieron en Macondo, los soldados pusieron a un lado los fusiles, cortaron y embarcaron el banano y movilizaron los trenes. Los trabajadores, que hasta entonces se habían conformado con esperar, se echaron al monte sin más armas que sus machetes de labor, y empezaron a sabotear el sabotaje. Incendiaron fincas y comisariatos, destruyeron los rieles para impedir el tránsito de los trenes que empezaban a abrirse paso con fuego de ametralladoras, y cortaron los alambres del telégrafo y el teléfono. Las acequias se tiñeron de sangre. (…)”

Una vez leído el decreto (siempre según Cien años) que ordenaba levantar la huelga, el capitán ordenó: -“Señoras y señores, tienen cinco minutos para retirarse” Le respondió la rechifla y nadie se movió. -“Han pasado cinco minutos -dijo el capitán... Un minuto más y se hará fuego”. -¡Cabrones! -gritó José Arcadio-. Les regalamos el minuto que falta”. Y se desató el infierno.

Es la realidad según la mirada de Gabriel García Márquez, oriundo de Aracataca, donde, según la historia, tuvo lugar la masacre, pero el hecho cierto es que la zona bananera, esa que hacía cantar a mediados del siglo pasado “Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba”, fue trasladada a Urabá, en el otro extremo del Caribe, para matar de inanición a sus sindicatos. Pero ahí también los mismos atropellos produjeron las mismas rebeldías y la empresa -ahora con el nuevo nombre de Chiquita Brands- no tuvo mejor idea que financiar a los paramilitares para que exterminaran a los revoltosos.

Todos esos años de impunidad parecen haber llegado a su fi n. Muy posiblemente otras víctimas presenten sus reclamos. La Comisión de la Verdad, creada en el Acuerdo de Paz que llevó a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la Justicia Especial de Paz (JEP), con el mismo origen, han recopilado suficientes evidencias que podrán acompañar esas demandas. El camino se ha despejado.