Hubo una época no muy lejana, en Colombia, en la que ejércitos ilegales, muy bien armados y cubiertos por una gran impunidad, recorrían la geografía nacional, arrasando pueblos en medio de horribles masacres con el pretexto -según ellos- de combatir a la guerrilla. Sólo que, en una cruel paradoja, esos a quienes mataron como guerrilleros nunca tuvieron un arma para defenderse.
Quedaba, como secuela trágica, la tierra apropiada por los masacradores y el desplazamiento de sus antiguos posee dores como víctimas que iban a sumarse a los cinturones de miseria de las ciudades.
Siempre surgió la pregunta sin respuesta ¿De dónde sacan tanto dinero para dotar de uni formes y armas a esos ejércitos y mantenerlos por años en pie de guerra contra sus víctimas? ¿Quién los financia?
Como consecuencia del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se creó la Justicia Especial de Paz (JEP) para juzgar mediante justicia restaurativa a los participantes en esa guerra desigual. En su diseño inicial, a los funcionarios, empresarios y políticos que hubieran participa do de alguna manera en el conflicto o se hubieran beneficiado de cualquier forma de él. Entre ellos quedarían incluidos los financiadores. Pero en el 2017, en la revisión del acto legislativo que daba vida constitucional a ese tribunal de paz, la Corte Constitucional decidió que los terceros, o sea todos los antes mencionados, civiles auspicia dores, sólo serían juzgados ahí si se sometían voluntariamente a su jurisdicción.
Con esa decisión, las víctimas y los negociadores del acuerdo, de la guerrilla y el Gobierno, quedaron con la sensación de que se había creado una gran brecha de impunidad, puesto que consideraban que empresarios y políticos también habían sido actores del conflicto. Las empresas y los particulares involucrados decían que ellos también eran víctimas que habían tenido que ceder a los chantajes de los actores armados.
Eso es parcialmente cierto: el excomandante Salvatore Mancuso ha dicho ante la Justicia que ellos imponían “impuestos” a las empresas, pero también es cierto que ellas nunca denunciaron esos hechos ni se trasladaron a otros lugares; continuaron manejando normalmente sus negocios. Mancuso aseguró a la Justicia que está dispuesto a entregar pruebas sobre esa participación de empresarios en la guerra.
El pasado 10 de junio, un juez del distrito Sur de la Florida obligó a la empresa Chiquita Brands a pagar una millonaria indemnización a ocho víctimas del conflicto en Colombia y señaló que el dinero que le dieron a los paramilitares fue empleado por estos para realizar masacres, torturas y desplazamientos forzados. Algunas de las pruebas que adujo ese juez son las mismas contenidas en las declaraciones de Mancuso y otros ex jefes paramilitares que obran en poder de la justicia colombiana.
La recientemente posesionada fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, ha dicho que dará prioridad a la investigación para poner fin a la impunidad que hasta ahora ha reinado en esos casos y perseguirá los bienes de esos financiadores para aplicarlos a la reparación a las víctimas y a la búsqueda de personas des aparecidas forzadamente.
La experiencia y los conocimientos de la fiscal son prueba de su capacidad para realizar ese propósito: como fiscal en casos de la llamada parapolítica y como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, investigó a funcionarios del alto Gobierno y congresistas que gracias a sus esfuerzos fueron condenados.
En sus siete años de existencia, la JEP ha aceptado como comparecientes voluntarios a 184 de esos llamados terceros civiles entre empresarios y funcionarios civiles, pero está lejos de haber cubierto el universo de financiadores del paramilitarismo. Ahora, con esta decisión de la Fiscal General, la justicia de paz se verá fortalecida por la sinergia que necesariamente se creará y las víctimas podrán por fin ser resarcidas luego de tantos años de impunidad