Los cambios de destino de las tierras de uso común a uso turístico o urbano han llevado a que ejidos como Alfredo V. Bonfil e Isla Mujeres lleguen a parcelar alrededor de 10 mil hectáreas cada uno, destaca el estudio “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”.
Los ejidos mencionados son los que destacan, pero el problema también se repite en los de municipios como Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco, donde existe fuerte presión por el desarrollo de polos turísticos y centros urbanos para la creación de “ciudades-dormitorio”, destaca la investigadora Gabriela Torres.
Los cambios de destino promovidos en Quintana Roo han involucrado ejidos muy específicos como el de Isla Mujeres, Playa del Carmen, Jacinto Pat (Tulum), Puerto Morelos y Chiquilá y Alfredo V. Bonfil, señala el estudio.
La investigadora revela en su reporte una red de corrupción que califica como “mafia agraria” en la que incluso hay participación de exgobernadores, entre ellos Roberto Borge en Quintana Roo, aunque también surgen nombres como Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega, en Yucatán.
El exgobernador del estado enfrenta procesos penales por delitos relacionados con la apropiación y venta indebida de decenas de predios que formaban parte del patrimonio inmobiliario del estado, refiere.
En la recta final de su gobierno, en febrero de 2016, destaca el estudio, la Dirección de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) remató, en la Riviera Maya, un terreno de 262 hectáreas a un precio 20 veces más barato que el de su valor comercial.
Según el perito catastral designado para el caso por el ministerio público federal, el terreno tendría en valor catastral de mil 240 millones de pesos. La Sedatu encargó otro avalúo y adjudicó las 262 hectáreas frente a la playa por 61 millones de pesos a un supuesto ejidatario.
“Esta persona hizo el título de propiedad, lo pasó a dominio pleno, lo registró y lo revendió al empresario José Antonio Chapur, todo en un cortísimo tiempo”, precisa la investigadora en el documento.
Dicho empresario es dueño de 10 lujosos hoteles de la cadena Palace Resorts en Cancún, la Riviera Maya y otras playas y es considerado el empresario hotelero más exitoso del país, puntualiza.
Su resort Moon Palace tiene más de 3 mil 200 habitaciones, y es uno de los hoteles más grandes de América Latina. Varios de sus desarrollos turísticos otrora fueron terrenos nacionales.
El proceso de compraventa del mencionado terreno por parte de Chapur es un catálogo de las irregularidades y abusos en los que incurren quienes participan en la privatización de ejidos y terrenos nacionales: funcionarios de la Sedatu, prestanombres (el ejidatario intermediario) y empresarios (el propio Chapur), señala Gabriela Torres.
Situación en la península
La investigación de la doctora en ciencias sociales y antropológicas indica que en las pasadas tres décadas, la Península de Yucatán ha experimentado trasformaciones territoriales sustanciales relacionadas a la propiedad social.
Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada.
Entre 1994 y 2018, y aunado a ese proceso, 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial.
A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos nacionales (no cuantificada, dada la falta de documentación oficial).
CG