En plena veda electoral y con la pandemia en repunte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, promueve su imagen a través de encuestas en medios nacionales y locales, en las que se presume dentro del ranking de 10 gobernadores con mayor aprobación.
El pasado 30 de abril, desde la Coordinación General de Comunicación se envió un documento a diversos medios de comunicación —algunos de los que cobran por publicar las notas que favorecen al mandatario estatal— sobre la encuesta de Massive Caller, que posiciona al panista en el sexto lugar en el índice de confianza, por debajo de sus homólogos de Guanajuato, Querétaro, Yucatán, CDMX y Durango.
“Esta calificación es resultado de las políticas públicas implementadas en favor de las y los quintanarroenses desde el inicio de su gobierno. La encuesta fue elaborada el 22 de abril pasado”, se lee en la publicación.
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Sin embargo, 10 días después, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, resaltó en su cuenta de Twitter que Quintana Roo es la única entidad del país con un incremento de contagios de coronavirus, con más de cinco semanas al alza, por lo que adelantó que la Federación “intervendría para ejecutar las medidas sanitarias necesarias y revertir la tendencia”.
A él se sumó el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), de la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura, quien recalcó que este aumento se dio durante la semana epidemiológica número 15.
Cabe señalar que desde el pasado 4 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) prohíbe la difusión de resultados y encuestas o sondeos de opinión referentes a gobiernos actuales.
Incluso las mismas dependencias tienen mensajes aclaratorios.
“Con fundamento en los artículos 41, fracción III, apartado C y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 209, numeral 1 y 449, numeral 1, incisos c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 49 fracción III, numeral 6, segundo párrafo, 160 fracción IV, 166 y 166 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 290 tercer y cuarto párrafo, 293 tercer párrafo, 394 fracción VI y 400 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; 5, 7 y II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, parte de la información contenida en esta página a (SIC) sido suspendida con el propósito de cumplir estrictamente con la legislación en materia electoral, durante el periodo en que se lleven a cabo las campañas electorales”, se lee en el portal web de la página oficial del Gobierno del Estado.
Al respecto, el legislador petista Roberto Erales Jiménez pidió la intervención de las autoridades electorales y lamentó que lucha más el gobernador por promover si imagen que por asuntos más importantes.
“Es una violación a la veda electoral difundir la imagen personal del Ejecutivo, lo cual debe ser investigado de oficio y sancionado. Es importante hacer un llamado a las autoridades electorales a actuar ante la violación de la veda electoral por parte del Ejecutivo y del gabinete, a que atiendan las denuncias ciudadanas expresadas en los medios de comunicación”, expresó el diputado.
En este sentido, Erales Jiménez hico un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones civiles a que denuncien actos de incumplimiento de la Ley Electoral, por parte de cualquier servidor público.
El legislador criticó que, el Gobernador está dando muestras de que es más activo defendiendo su imagen que está por los suelos, mientras que es omiso en otros temas adicionales, como la “defensa de los límites de Quintana Roo y sus habitantes”.
Indicó que, esto ya se había demostrado ante la negativa del gobierno del estado a dotar de agua potable a los habitantes de la zona limítrofe, por lo que tuvo que interponerse un recurso legal para obligar a cumplir con el derecho humano al acceso al agua y aun así, el Ejecutivo se resiste a cumplir.
“Es el colmo que los funcionarios estatales responsables de dar seguimiento al tema del conflicto limítrofe, no cumplan cabalmente con su responsabilidad ni atendiendo debidamente las audiencias programadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abandonen la defensa del territorio de Quintana Roo”.
CG