La administración del Gobernador Carlos Joaquín González contrató a Dicipa, un laboratorio clínico sancionado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por coludirse con el llamado “Cártel de la Sangre” para repartirse las compras del Sector Salud del Gobierno Federal.
Los Servicios Estatales de Salud, a cargo de Alejandra Aguirre Crespo, suscribieron con la empresa multada 31 contratos que juntos suman 343 millones 501 mil 95 pesos de enero de 2018 a marzo de 2021.
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Carlos Joaquín privilegia compras directas a empresas de insumos de salud en Quintana Roo
Dicipa es la empresa que más dinero ha obtenido del gasto público erogado por el Sector Salud durante la administración de Joaquín González, de acuerdo con una base de datos elaborada en Por Esto! a partir de la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Los Servicios Estatales de Salud compraron materiales y sustancias para abastecer el Laboratorio Estatal de Salud Pública; servicios para la realización de pruebas de laboratorio clínico de determinación de carga viral y cuantificación de linfocitos para el monitoreo de pacientes que viven con VIH.
También adquirieron pruebas automatizadas para la red de laboratorios clínicos, servicios integrales de banco de sangre y puestos de sangrado para las unidades médicas y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, así como una póliza de servicio para el mastógrafo digital Giotto 3DL para la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam) de Chetumal.
Y hasta ofreció un servicio de fumigación de control de plagas y desinfección patógena, de acuerdo con la PNT.
Luego de cuatro años de investigación, en agosto de 2020 la Cofece determinó que un grupo conformado por 11 empresas y 14 personas físicas se coludieron para repartirse los contratos de servicios integrales de laboratorio y banco de sangre en las licitaciones convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
De acuerdo con el expediente DE-011-2016, el llamado “Cártel de la Sangre” está conformado por: Dicipa, Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece); Centrum Promotora Internacional (Centrum); Impromed, Hemoser.
Así también Instrumentos y Equipos Falcón, Grupo Vitalmex, incluyendo sus filiales Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico y 14 personas físicas más.
La multa alcanzó los 626 millones 457 mil pesos, el monto máximo determinado en la Ley Federal de Competencia.
“La Comisión acreditó que los agentes económicos establecieron un pacto de no agresión para, en lugar de competir, repartirse las partidas de siete licitaciones convocadas por el IMSS y el ISSSTE en 2008, 2010, 2011 y 2015. Con ese objetivo, sostuvieron intensas comunicaciones mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas para convocar reuniones durante días previos y posteriores a la presentación de sus posturas en dichos procedimientos”, señaló la Cofece. Lo cual constituye una práctica monopólica absoluta sancionada por la Ley Federal de Competencia.
De acuerdo con la Cofece, “las conductas generaron un daño al erario de al menos mil 200 millones de pesos por el pago de sobreprecios por parte del IMSS y del ISSSTE a las empresas sancionadas”.
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En 2016 el entonces director del IMSS, Mikel Arriola, denunció ante la Cofece a las empresas mencionadas por prácticas monopólicas, lo que derivó en dicha multa.
A pesar de que Dicipa era investigada por prácticas monopólicas desde 2016, el Gobierno de Carlos Joaquín González le concedió 31 contratos de 2018 a 2021.
El 64.5 por ciento de los contratos suscritos por Dicipa se otorgaron bajo el procedimiento de adjudicación directa. Lo que equivale a 194 millones 569 mil 259 pesos.
Lo anterior contradice los Artículos 19 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, que privilegian la licitación pública en las adquisiciones de bienes y servicios y enfatiza que la figura de adjudicación directa sólo debe ser usada en situaciones extraordinarias.
De acuerdo con los Artículos 32 y 33 de la Ley, se prevé su uso en situaciones de seguridad pública para salvaguardar la integridad del Estado, cuando haya compras con campesinos o grupos marginados, en caso de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor y exclusivos.
Para Pablo Montes, coordinador del área Anticorrupción del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), el uso frecuente del procedimiento de adjudicación directa propicia el uso discrecional de los recursos públicos y evita garantizar que el Gobierno obtenga la mejor calidad al mejor precio en los servicios y bienes adquiridos.
“Al no poner a competir a las empresas, incluso si no hay uso discrecional de los recursos, no tenemos la garantía que estamos obteniendo la mejor calidad al mejor precio”, alertó.
CG