El pasado martes se dio a conocer el caso Montecristo en Chetumal, un centro de rehabilitación que, a decir de uno de sus exusuarios, Antonio “V”, es un lugar donde sólo se maltrata a las personas, se les insulta y denigra, además de que viven hacinados bajo condiciones poco salubres. Tortura y maltrato, así describió el exinterno su paso por el anexo, en el cual pretendía rehabilitarse para superar su alcoholismo.
Finalmente, Antonio fue rescatado por su padre, el señor Genaro Vázquez, quien acusó de secuestro a dicho establecimiento, pues no le querían entregar a su hijo si no pagaba la cantidad de siete mil pesos.
Debido al impacto mediático, el caso Montecristo logró introducirse a la agenda gubernamental, pues la situación ocurrida e lunes será atendida por las instituciones competentes, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyo titular sostuvo que, si bien conoce el tema, no descarta hacer una investigación al respecto, apoyando a otras instancias, e intervendrá en caso de que se comprobaran las condiciones deplorables de hacinamiento.
Miguel Pino Murillo, titular de la Cofepris en Quintana Roo, señaló que en breve la institución que dirige buscaría verificar la situación, así como que se cumplan los protocolos en cuanto al aforo de personas, la Sana Distancia, etcétera. Afirma que, de encontrar irregularidades, podrían clausurar inmediatamente el centro de rehabilitación.
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Al cuestionarle sobre la regulación de este tipo de establecimientos, Pino Murillo refirió que la Cofepris no cuenta, en su marco normativo, con facultades para revisar o inspeccionar este tipo de instituciones. Desde 2018 la dependencia dejó de tener competencias en cuanto a la regulación de esos lugares, pues a partir de ese año otro órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SSA) federal fue creado para dicho propósito.
Se trata de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), que es la organización que cuenta con facultades para tratar el caso en cuestión, pues cuenta con diversos lineamientos y protocolos para verificar el funcionamiento de los centros de rehabilitación como el Montecristo.
Al hacer contacto con el encargado de la Conadic, Francisco Boneta, mencionó que su institución ya conoce del tema y están trabajando en ello.
El delegado comentó que ya han estado entablando comunicación con los encargados y propietarios del lugar; sin embargo, aunque contestan las llamadas, no han podido establecer una fecha para agendar una visita en el lugar y corroborar que todo esté en regla.
Pese a lo anterior, la organización ya comenzó un trámite para instruir la creación de un comité de vigilancia que se encargaría de tomar el caso. Dicho comité estaría formado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), la Cofepris y la Conadic.
Asimismo, Francisco Boneta relató que su personal ya se ha presentado en el lugar donde se localiza el centro de rehabilitación Montecristo en Chetumal, pero los guardias no les permiten el paso debido a que estos no tenían el permiso de los encargados, por lo que debido a que no están facultados para irrumpir más allá de la entrada, tuvieron que retirarse.
Al respecto, el encargado del Cofepris refirió que estaría dispuesto a acompañar a la Conadic con una orden de inspección sanitaria, si los encargados de dicho centro de rehabilitación no acceden a que le realicen una visita en el lugar.
Cabe señalar que el encargado de la Conadic comentó que horas después tendría una reunión de capacitación con los distintos encargados de los centros de rehabilitación del estado o “establecimientos residenciales”, como se les conoce formalmente, y se comprometió a tocar el tema.
Independientemente de lo anterior, ya está por formarse el comité de vigilancia antes señalado, con el que se espera que la Cofepris, Conadic y Cedhqroo investiguen el caso y elaboren un diagnóstico para pronunciar un dictamen con el cual se determinaría algún tipo de sanción que podría ir desde la clausura del sitio, multas o incluso sólo recomendaciones.
Francisco Boneta finalizó señalando que para hacer valer la NOM-028, que establece los lineamientos de operación de este tipo de lugares, debe existir mayor coordinación entre los municipios y la dependencia, pues los primeros son los que finalmente entregan las licencias de funcionamiento y la Conadic rara vez se entera de la instalación de este tipo de establecimientos. Por tal motivo, exhortó a los municipios, que modifiquen sus normatividades para formalizar la coordinación entre ambos entes y evitar este tipo de problemas, como es el caso Montecristo.
En cuanto a la Cdheqroo, Felipe Nieto Bastida, primer visitador general, sostuvo que no tenían conocimiento del caso; sin embargo, opinó que debido a que la situación involucra a dos privados, a la víctima por un lado y al centro de rehabilitación por el otro, ello no constituye estrictamente una violación de derechos humanos, más bien podría tratarse de delitos penales o en el caso faltas administrativas, según el resultado de las investigaciones que deben ser atendidas por las autoridades competentes.
Pese a lo anterior, la Cdheqroo no se excluyó del caso, pues si la víctima así lo desea, la Comisión está abierta a atenderlo para darle la asesoría jurídica pertinente. Asimismo, Felipe Nieto Bastida expuso que en caso de que alguna autoridad competente se negara a atender a la víctima, sí podría intervenir directamente, pues tendría amplio margen normativo para ello, ya que la Comisión tiene la obligación de proteger a la persona frente a la autoridad.
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CG