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Abogado asegura que usar Uber en Quintana Roo es legal

Gerardo Carrasco, abogado experto en derecho constitucional, afirmó que el Imoveqroo no cuenta con un fundamento legal para detener a los choferes de la plataforma
Quien viole su sentencia de amparo comete un delito, con cinco a 10 años de prisión
Quien viole su sentencia de amparo comete un delito, con cinco a 10 años de prisión / Por Esto!

El abogado experto en derecho constitucional Gerardo Carrasco Chávez señaló que Uber podría ampararse en caso de que detengan a choferes y unidades; además, advierte que se estaría violando el amparo, lo que representa un delito que va de cinco a 10 años de cárcel.

Señaló que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) no cuenta con un fundamento legal para detener a los choferes de las unidades de Uber, situación que podría ser un delito, además que se estaría realizando una inejecución del amparo.

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El abogado manifestó que lo señalado por el titular del Imoveqroo es una apreciación incorrecta de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, con sede en Cancún, lo que podría provocar una nueva ola de amparos por parte de la plataforma y también de los usuarios.

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“El titular del Imoveqroo confunde cómo funciona el derecho. Ellos argumentan que los van a estar deteniendo y multando; pero no pude hacerlo porque Uber puede volver a irse al amparo; además es posible que se puedan meter en un problema de inejecución de la sentencia de amparo e incluso podrían estar cometiendo un delito derivado de la violación al cumplimiento de la misma”, señaló.

Precisó que actualmente no existe fundamento legal que pueda plantear la no operatividad de Uber en Quintana Roo, además que podría caer en un delito quien viole la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, que avala la operatividad de esta plataforma digital.

“No existe fundamento legal que permita la detención de las unidades. Los usuarios deben saber que es completamente legal usar Uber. Nadie puede impedirles ofrecer el servicio, porque no existe una norma que indique que una empresa con estas características deba tener una concesión o un permiso. No respetar una sentencia de amparo es un delito de cinco a 10 años de prisión, al que viole o incumpla, o al superior jerárquico de la institución obligada”, finalizó.

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NR

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