El Cabildo de Solidaridad pidió a los integrantes de la Decimoséptima Legislatura del Congreso de Quintana Roo intervengan en el conflicto limítrofe por la pertenencia de las comunidades de Punta Laguna, Hidalgo y Cortés.
Asimismo, pidieron a la Gobernadora Mara Lezama Espinosa también intervenga, además de crear una Comisión Especial para defender los límites quintanarroenses.
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De acuerdo con el Décimo Tercer Regidor del Cabildo de Solidaridad, Marciano Toledo Sánchez, Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas, el municipio de Valladolid, Yucatán, no ha sustentado con evidencias la posesión de estas comunidades, cuando ya el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) determinó con mapas cartográficos y coordenadas los límites territoriales.
Si bien es cierto que el gobierno Federal asignó al de Yucatán el cuidado y protección de la Reserva Natural de Punta Laguna, observó que el ejido del mismo nombre está dividido pues una parte se encuentra dentro de Yucatán, pero otra se encuentra ubicada en la parte de Solidaridad.
“No es posible que se les deje en segundo plano, creando un conflicto para no tener posibilidades de ser apoyados por el gobierno Federal a través de sus programas”, refirió el regidor en relación a que, al no tener certeza en su identidad, no pueden ingresar a estos programas como es el Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC).
Hay que recordar, cuando se hizo la convocatoria en esta ciudad llegó la gente de Punta Laguna y no pudieron ingresar al programa, por no tener la carta de vecindad, toda vez que sus credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron tramitadas en Yucatán.
“Ya entregamos un oficio al Congreso solicitando su intervención, también mandamos a la Gobernadora Mara Lezama un oficio respecto a esto”, agregó el regidor, “la defensa debe ser de todos nosotros; debe ser una Comisión Especial para dictaminar y notificar al gobierno de Yucatán, al de Valladolid que se quiere agandallar estas comunidades”.
Para Toledo Sánchez, las intenciones del gobierno vallisoletano son electorales toda vez que por 32 años tuvieron en el abandono a ambas comunidades, sin que a la fecha se preocupen por llevar los servicios.
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HS