Las irregularidades en la entrega de la concesión para suministrar agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales a la empresa “Aguakan” en algunos municipios de Quintana Roo, desde el inicio fue ilegal, todos lo sabían y nadie hizo nada, hasta ahora que pretenden solucionar algo de manera inmediata, aseguró el ex abogado y ex diputado local, David Álvarez Cervera.
En una reciente declaración, el exabogado y exdiputado local, afirma que desde el inicio, la concesión fue ilegal, y lo más sorprendente es que esta situación era de conocimiento generalizado, pero nadie tomó medidas al respecto, ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo hicieron algo para evitarlo en los inicios, pasaron varias administraciones y siguió todo igual, hasta ahora que llega esta nueva administración estatal, con la XVII Legislatura intentan detener algo, que todavía no es definitivo, por el contrato existente y por el dinero que se entregó en su momento.
Según el ex abogado, las irregularidades en la concesión a Aguakan han persistido sin que se tomaran acciones correctivas durante un tiempo considerable. El exdiputado sostiene que el problema ha sido ignorado por las autoridades locales, lo que ha permitido a la empresa beneficiarse de manera indebida y sin consecuencias legales.
“Todos lo sabían y nadie hizo nada”, en su declaración. Añadió que la inacción ha generado un impacto significativo en la calidad del servicio de agua potable y saneamiento en los municipios afectados, tomando en cuenta que esta debe ser una responsabilidad del Estado y que, ahora, con esta abrogación en la prórroga, deberá ser la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) la que brinde el servicio y atienda todo lo relacionado con el agua a todos los municipios de Quintana Roo.
Aclaró que por ley el agua potable le pertenece a los ayuntamientos y es un mandato constitucional y no puede ni debe estar concesionado a una empresa privada, ante lo cual desde el inicio de la entrega de la concesión fue ilegal y, la empresa Aguakan no podría demandar por brindar el servicio de agua potable, porque por ley no aplicaría, lo que sí podría demandar, es por daños y perjuicios económicos provocados por el gobierno del Estado de Quintana Roo al hacerle cobros indebidos por esa concesión que a todas luces fue ilegal, pero el problema principal, se originó desde el inicio en el año 1993.
Este escándalo pone de manifiesto la importancia de la supervisión y el escrutinio público en la gestión de recursos vitales para la comunidad. La sociedad civil y los ciudadanos exigen un cambio significativo en la manera en que se otorgan y supervisan las concesiones para garantizar la integridad y eficiencia en la prestación de servicios esenciales.
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JG