El argumento de Calizas Industriales del Carmen (Calica) para desvirtuar las “mañaneras” del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido que estaba politizando el tema de su clausura, fue desmentido por la defensa legal de México en el juicio que se celebra en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
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Por el contrario, observaron, fue la misma empresa de capital estadounidense la que intenta politizar el tema al intervenir Senadores de esa nación en el asunto que, como se ha señalado, es de corte medioambiental, por el daño que ha causado al devastar una zona y contaminar el agua y la tierra con químicos; además que no cumplieron con las condicionantes establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la hora de entregar los permisos. De hecho, no cumplían ni con las condicionantes de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que le otorgó la concesión para operar el muelle de Punta Venado.
La defensa, que encabeza Sergio Roberto Huerta Patoni, Director General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, por la Secretaría de Economía, expuso en este sentido que la filial de Legacy Vulcan es contradictoria al acusar falsamente al Gobierno mexicano de tomar acciones en su contra con motivaciones políticas (politically motivated), cuando quien ha acudido a la política para generar presión internacional y un sesgo a su favor ha sido la propia empresa.
El abogado indicó que “el 20 de mayo de 2022, 10 senadores de Estados Unidos dirigieron una carta al Presidente Joseph Biden para, entre otros propósitos, instar a que tome acciones en lo referente a la medida de seguridad aplicada sobre las actividades extractivas de la empresa Calica, subsidiaria de Legacy Vulcan, que es a su vez filial de Vulcan Materials”.
Calica presentó ante los Legisladores de su país una versión falsa de los hechos, por la que se acusa a México de llevar a cabo una agenda antiinversiones y antinegocios que, además, manifiesta se efectúa directamente en su contra, sostuvo el abogado.
No solo esto, “más grave resulta que Legacy Vulcan perpetuó información incorrecta de que “posee todos los permisos necesarios para operar” ante los Legisladores estadounidenses, cuando se ha comprobado que no posee todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que sus operaciones requieren por ley y por acuerdo, y los que hubiere obtenido los ha incumplido”.
De acuerdo con la defensa mexicana, durante la primera mitad de 2022, la empresa sostuvo reuniones de negociación con funcionarios mexicanos de alto nivel, incluyendo el Presidente López Obrador. “Estas reuniones fueron un gesto voluntario de buena fe de ambas partes, por llegar a un acuerdo de beneficio mutuo, en apego al marco normativo con respecto al desarrollo del proyecto turístico contemplado por la empresa desde el inicio de sus actividades”, que cabe señalar, datan del Acuerdo de 1986, cuando llegó a tierras quintanarroenses.
A Calica se le presentaron opciones, destacando la de crear una comunidad como la de Venecia o una terminal de cruceros, y nunca se negó el Gobierno a negociar; no obstante, se convino suspender las actividades, Calica incumplió dicho acuerdo, acusó México.
“La Demandante alega que las manifestaciones públicas del Presidente en torno a la actividades de extracción de Calica, así como la medida de seguridad impuesta por Profepa en La Rosita, forman parte de una supuesta campaña para desviar la crítica pública respecto al desarrollo del Tren Maya; sin embargo, la Demandante omite precisar el contexto correcto de las mismas”, remató México con respecto a este asunto de las mañaneras.
“Las manifestaciones públicas señaladas son un ejercicio de transparencia llevado a cabo por el Presidente para informar a la ciudadanía sobre diversos temas. La Demandada es enfática en que el arbitraje de inversión no puede servir como medio para limitar la libertad de discurso de jefes de Estado o afectar mecanismos establecidos por los Gobiernos para la rendición de cuentas respecto a diversos temas de interés, el desarrollo de la región Sureste y las preocupaciones medioambientales de las comunidades locales del Estado de Quintana Roo”.
“En todo caso, las manifestaciones públicas del Presidente en torno al proyecto de Calica han estado enfocadas a informar sobre el desarrollo de las negociaciones establecidas con la Demandante, así como para dar respuesta a cuestionamientos derivados de la preocupación histórica que existe en torno a los efectos medioambientales en el Estado de Quintana Roo, incluyendo los ocasionados por el proyecto de Calica”, concluye.
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