Un total de 3 mil 500 millones de pesos le costó a los quintanarroenses la inseguridad en el estado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pues se estimó que el 26.5 por ciento de los hogares en la entidad tuvo al menos una víctima de un delito, lo que provocó que se generarán gastos para poner cámaras, protectores de herrería, incluso, algunas familias compraron un perro.
Los datos fueron recabados durante el 2023 y publicados este año, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) 2024, la cual permitió estimar que, el año pasado, en el estado de Quintana Roo, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 3 mil 500 millones de pesos. Lo cual equivale a un promedio de 5 mil 45 pesos por persona afectada.
En la estadística se refirió que el 26.5 por ciento de los hogares tuvo al menos una persona que fue víctima de la delincuencia; en el 2022, el porcentaje fue del 28, y 27.1, en 2021. En este sentido, se dio a conocer que 22 mil 592 hombres y 21 mil 776 mujeres, por cada 100 mil habitantes de Quintana Roo, fueron blanco de algún delito; en el último censo de población realizado en 2020, en el estado había un millón 857 mil 985 personas de los que 936 mil 779 son hombres y 921 mil 206, mujeres.
Uno de los delitos que generó más preocupación durante el 2023, según las cifras del Inegi fue el fraude, que representó una tasa de víctimas de 6 mil 991 por cada 100 mil habitantes; en comparación con el 2022, cuando fueron 7 mil 760 por cada 100 mil quintanarroenses.
La desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades generó un bajo porcentaje de denuncias presentadas, pues se estimó que del total de delitos registrados en la entidad sólo el 6.5 por ciento dio inicio a una carpeta de investigación y el 93.5 por ciento no fueron denunciados ante ninguna autoridad.
Asimismo, los encuestados refirieron que en el 81.1 por ciento de los delitos fueron cometidos por hombres, el 7 por ciento, por mujeres y en el 7.9 por ciento de los casos fueron los dos géneros; además, el 62.1 de los casos fue sólo un agresor, 22.5 de los crímenes participaron dos personas y el 11 por ciento, más de tres delincuentes.
En cuanto a la percepción de inseguridad de los quintanarroenses, el 64 por ciento de las personas mayores de 18 años consideró que la inseguridad es el principal problema del estado, el 38.2 siente poco seguro su entorno de vivienda; el 31.6 cree que el problema es el narcotráfico.
La inseguridad que siente la ciudadanía los ha llevado a dejar que hacer diversas actividades como por ejemplo más del 70 por ciento de los padres ya no permite que sus hijos salgan solos de casa o jueguen en la calle, esta cifra se incrementó en comparación con el 2022, cuando el 66.7 evitaba que los menores estuvieran sin compañía.
Otro de los problemas que aqueja a la población es la corrupción de las autoridades y corporaciones de Seguridad, pues el 81.6 por ciento de las personas cree que la Dirección de Tránsito es corrupta; la policía municipal también tiene un alto índice de desconfianza con el 75.4; le siguen la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 67.4 y la Policía Ministerial con el 62.4 por ciento que cree son corruptos e inseguros.
Sobre estos casos de percepción, se cuestionó a algunas personas, quienes opinaron sobre diversas acciones que realizan las autoridades, en las que podrían darse temas de corrupción, como los operativos de revisión de motocicletas que ha implementado la Dirección de Tránsito.
“Los operativos están bien porque recuperan motos robadas, pero si llevas dinero en tu cartera se lo ofreces al policía y te deja ir sin revisarte nada, creo que deberían estar supervisados para que no agarren dinero y esos filtros cumplan su objetivo”, expresó Pedro Salazar.
El ciudadano también comentó que recientemente tuvo un accidente de tránsito, en el que los daños no fueron mayores y tampoco se reportó personas lesionadas, por lo que decidió llegar a un acuerdo con el otro conductor y que cada quien reparara los daños de su vehículo, pero cuando estaban a punto de retirarse llegó un oficial de Tránsito.
“Le explicamos al perito que ya teníamos un acuerdo y no era necesaria su intervención, pero nos dijo que por protocolo debía tomar conocimiento, al final nos dio muchas vueltas y ordenó que los vehículos fueran llevados a Tránsito en una grúa; nos quitaron dinero por el arrastre y luego nos pidió cinco mil pesos a cada uno para no llevar los autos al corralón”, dijo.
