Las omisiones de distintas dependencias de Gobierno, tanto estatal como municipal, mantienen a 4 mil familias del desarrollo Urbi Villa del Rey en Cancún viviendo en condiciones de extrema contaminación debido al constante desbordamiento de aguas negras en este asentamiento.
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Este no es un problema reciente, ya que la empresa constructora comenzó la comercialización de este fraccionamiento en el 2009 sin los servicios básicos de drenaje ni conexión a la red de agua potable, con el consentimiento de las autoridades municipales. Desde entonces, las autoridades nunca exigieron la introducción de los servicios mínimos antes de la llegada de los miles de familias que hoy habitan esta colonia.
Actualmente, hay alrededor de 130 fraccionamientos que no han sido municipalizados en Cancún, donde se repite esta misma historia de corrupción y omisiones.
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Ante esta situación, la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) está brindando asistencia jurídica a los habitantes del fraccionamiento Urbi Villa del Rey en la presentación de un amparo indirecto contra la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, la Tesorería del Municipio de Benito Juárez, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Este amparo es debido a la omisión y participación de todas las instancias mencionadas en la adquisición, mediante un crédito de Infonavit, de una vivienda de interés social que no puede ser considerada una vivienda digna debido a la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Según la asociación DMAS, Sedetus y el Ayuntamiento de Benito Juárez incumplieron su obligación de vigilar y supervisar las obras mínimas, y en su momento, de ejecutar la fianza que el desarrollador presentó para que le autorizaran el fraccionamiento.
Por otro lado, CAPA emitió constancias de no adeudo de agua potable y alcantarillado que permitieron al desarrollador vender el inmueble, mientras que Infonavit cobra mensualidades e intereses por una vivienda que no debió venderse.
"El juicio de amparo comenzó el 28 de noviembre de 2023 cuando se admitió la demanda, y el 20 de marzo de 2024 esperamos que se celebre la audiencia constitucional que conducirá a una sentencia", comentó Antonella Vázquez, miembro de DMAS.
¿Qué han respondido las autoridades demandadas?
La primera entidad en responder fue la Tesorería Municipal, quien confirmó la existencia de una fianza por casi 13 millones de pesos emitida a su favor por la desarrolladora, conforme a lo establecido por ley para casos de incumplimiento. Además, indicaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano de Cancún nunca les ha ordenado ejecutarla.
Por otro lado, Sedetus también atribuyó toda la responsabilidad a la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano, argumentando que es esta autoridad la encargada de la supervisión, y no ellos. Sin embargo, cabe señalar que esta dependencia, según lo estipulado por ley, debe llevar un registro detallado y está facultada para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Adicionalmente, en relación con la suspensión otorgada por el Juzgado para la recolección de aguas residuales estancadas en las calles del fraccionamiento donde se encuentra la vivienda de la demandante, se han obtenido oficios de CAPA que indican claramente lo siguiente: "... el proyecto del fraccionamiento Urbi Villas del Rey fue abandonado antes de su conclusión, sin que se entregara -o creara- la totalidad de la red de alcantarillado y drenaje necesaria para brindar el servicio de agua potable y saneamiento a las 5 mil 178 viviendas que lo constituyen. Por lo tanto, la empresa concesionaria (Aguakan) instaló una toma provisional en la entrada del fraccionamiento para suministrar el vital líquido. No obstante, para que dicho servicio pueda operar de manera óptima, se requiere la conclusión y rehabilitación de las redes internas".
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AT