Quintanarroenses y choferes de plataformas piden “mano dura" en sanciones contra transportistas

Operadores de plataformas digitales de transporte, como DiDi y Uber, reaccionaron favorablemente a la iniciativa de Reforma al Código Penal, aprobada en el Congreso de Quintana Roo, que establece sanciones más severas para los conductores que participen en actos violentos entre sí o contra turistas, aunque consideraron que llega tarde.

Es un intento de las autoridades para que las disputas entre taxistas y conductores de plataformas terminen, pero sobre todo, para contrarrestar la pésima imagen que ha ganado Cancún por las agresiones de algunos ruleteros.

“Se tardaron mucho, si esto lo hubieran hecho desde el principio no hubiéramos llegado a dónde estamos, es una pena que hasta que reventó la bola de nieve, sólo por presión, hagan algo al respecto. Esperemos que cambien las cosas”, dijo un operador.

“Ya era hora que les pusieran freno a los taxistas, gracias a ellos la imagen de Cancún está por los suelos, siempre han hecho lo que han querido y nadie les decía nada, menos las autoridades… han golpeado a compañeros, han insultado y bajado al turismo con lujo de violencia, sobre todo en el Aeropuerto, y son intocables… son comparsa del Imoveqroo, hacen protestas y hasta los resguarda tránsito, bloquen las calles y nada. Sólo falta ver que se cumpla con todo eso”, indicó otro.

Legisladores locales avalaron la iniciativa para que existan sanciones más severas para los conductores que participen en actos violentos entre sí o contra turistas en el estado. Además, se busca incorporar nuevas modalidades a los delitos de lesiones y daños y establecer criterios claros para el retiro, suspensión o cancelación temporal o definitiva de licencias de conducir, permisos y concesión a quienes incurran en esas conductas.

Las adecuaciones a la ley establecen medidas más estrictas para castigar los delitos de homicidio y lesiones relacionados con el servicio de transporte. Ahora, las penas por estos delitos pueden aumentar hasta un 50 por ciento si ocurren mientras se presta el servicio.

Además, si las víctimas son menores de 18 años o turistas, las penas podrían incrementarse hasta en dos terceras partes. Estos delitos serán perseguidos de oficio, lo que significa que las autoridades podrán actuar sin necesidad de una denuncia. En caso de daños en servicios de transporte, ya sea público o privado, los responsables podrían enfrentar de 2 a 6 años de prisión. También será investigado de oficio.

Igualmente se busca castigar con mayor dureza los ataques contra las vías de comunicación y medios de transporte, especialmente cuando afectan servicios como el transporte público local, las calles o carreteras, y la tecnología utilizada en ellos. Las sanciones para estos delitos van desde 6 meses hasta 4 años de cárcel. La pena para quienes cometan ataques a las vías de comunicación mientras prestan servicios de transporte aumentarían hasta un 50%.

Piden aplicación ejemplar

Hoteleros como Abelardo Vara Rivera, presidente del Grupo Cancún, requirieron a las autoridades que tengan mano dura contra la delincuencia, pues para ellos la reforma es como “una aspirina”

La expresidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Patria Mora Vallejo, reconoció que los actos de agresiones y abusos en tarifas por parte de los taxistas y en general de los transportistas, han puesto en “jaque” al destino.

“Tengo conocidos que vienen de otros países y me comentan que les da miedo tomar servicio de transporte como Uber, porque se han enterado que los taxistas agreden físicamente a los operadores y a sus pasajeros. Hay un daño real al destino”, comentó.

Siete operadores detenidos

En diciembre de 2024, por lo menos siete taxistas han sido detenidos acusados de abuso sexual, narcomenudeo y agresiones a conductores de transporte por aplicación digital y a turistas en Quintana Roo; dos en Cancún, un par en Playa del Carmen y tres en Puerto Morelos.

En lo que va del año no se ha reportado la  captura de ningún socio, conductor o “martillo” sindicalizado, según la Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Una de las denuncias fue la de una joven que acusó haber tomado taxi en la avenida Kabah con Nichupté y quedó inconsciente. Al despertar tenía encima a un hombre, que resultó ser el chofer. La víctima logró tomar algunas fotografías del sujeto, lo que ayudó a su localización, pues la noticia se viralizó rápido en las redes sociales. El agresor, dentificado como José Alberto “N”, integrante del sindicato Andrés Quintana Roo, fue capturado el pasado 2 de diciembre y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual.

El 11 de diciembre, tres integrantes del sindicato de taxistas de Puerto Morelos “César Martín Rosado”, que impidieron que una pareja de turistas abordara una unidad de servicio de aplicación de la empresa Uber, fueron detenidos por denigrar la imagen turística del estado. El visitante extranjero y el conductor de la aplicación digital grabaron el momento en que los hombres le dicen que es ilegal usar este tipo de servicio y lo obligan a cancelar el viaje, con el argumento que los únicos autorizados para el transporte son ellos.

Los agresores, identificados como Alberto Daniel “N”, José Alberto “N” y Brayan “N”, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y vinculados a proceso, pues además se presumió temas de narcomenudeo, ya que al momento de su arresto se les aseguraron diversas dosis de estupefacientes.

Posteriormente, el 16 de diciembre, los fiscales del Ministerio Público consiguieron la vinculación a proceso contra dos hombres identificados como Daniel “N” y José Alejandro “N”, integrantes del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, luego de ser señalados de agredir a unos turistas quienes confundieron con prestadores de servicio de aplicación. Los sujetos fueron grabados mientras corretearon a los visitantes, a quienes empezaron a perseguir afuera de un parque ecoturístico de la Riviera Maya, luego de cerrarles el paso le aventaron rocas a la unidad causando diversos daños.

Sumado al delito de agresión, también fueron señalados por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, pues al momento de su detención se les encontró diversas dosis de estupefacientes, las cuales al parecer comercializaban entre los viajeros a los que les daban servicio.

El último detenido fue Carlos Jesús “N”, integrante del sindicato de taxistas de Cancún, quien fue señalado de narcomenudeo luego de que se difundiera su imagen por agredir e intentar estrangular al conductor de un vehículo, quien estaba dando servicio de transporte “Uber” a unos turistas. La agresión ocurrió afuera de la plaza Kukulcán, en el kilómetro 13 de la zona hotelera, cuando Carlos confrontó al conductor de la aplicación, mismo que estaba dando servicio a unos turistas. Luego de hacerse de palabras se agredieron mutuamente; sin embargo, la Policía Turística intervino y dejó ir a los involucrados.

Tras las averiguaciones de la Policía Ministerial, se confirmó que el taxista también se dedicaba presuntamente a temas de narcomenudeo, razón por la que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que encontró evidencia suficiente para llevarlo ante un juez de control. Los siete taxistas detenidos en el último mes están vinculados a proceso con medidas cautelares de prisión preventiva por dos años o lo que tarden las investigaciones.

Atender la raíz del problema

Pobladores de Isla Mujeres tacharon de insuficiente la reforma a la Ley de Movilidad. Opinaron que además de las sanciones y cárcel en contra de quienes dañen propiedades de manera intencional, los legisladores deben incluir la reversión de concesiones a quienes subarrendan placas, pues esto encarece el servicio y constituye la raíz del problema.

Otros señalaron que se debió legislar en materia de movilidad y prestación del servicio, más que en el ámbito penal. “Eso evidencia el nivel de los legisladores”, dijo uno.

Enrique Albores y Elio Uc, usuarios del servicio, solicitaron a los diputados obligar a los concesionarios a operar sus unidades y no subarrenden sus placas, pues esto incrementa la tarifa. “Estamos de acuerdo con que paren a los taxistas con su pretensión de evitar el arribo de la competencia con el Uber y otras plataformas de servicios. Pedimos eficiencia y calidad que nos han negado en la isla y demás municipios. Cobran lo que vengan en gana y no quieren darnos servicio, sólo a los extranjeros, a los cuales les cobran en exceso y en dólares”, señalaron.

Sin embargo, insistieron en que se debe atacar la raíz del problema, que tiene que ver con subarrendar las placas a precios elevados. Luego, arrendatarios contratan a sus choferes, quienes tienen que sacar la cuota para sus patrones además de su salario; entonces, andan a toda carrera.

Un operador confirmó que como “martillo” tiene que sacar mil pesos para poder llevar a casa 300 pesos, pues tiene que meter de 300 a 400 pesos de gasolina por turno, además del pago de la placa. Por eso algunos de sus colegas prefieren dar servicio al turismo y no a la gente local, pues a los visitantes les cobran 20 dólares por persona, por llevarlos a cualquier punto de la ínsula, contra los 20 pesos que pagan los isleños.

Confía IP en jalón de orejas

Comerciantes de Puerto Morelos consideraron que ya era hora para que pusieran un alto a los taxistas que se portan mal, para evitar que continúen cometiendo agresiones. “Ya era tiempo que le pusieran un alto al sindicato. En general siempre se han creído o sentido que son los únicos y que por esa situación hay tantos atropellos. Qué bueno que está habiendo una sanción para los que se portan mal y no puedo decir que todos sean así, pero por unos que sí están metidos en problemas se daña todo el gremio”, dijo una emprendedora.

Señaló que los taxistas castigados servirán de ejemplo para los demás compañeros, y pensarán antes de actuar con violencia o con malos tratos hacia usuarios y conductores de otros servicios de transporte. La entrevistada consideró que todos los comercios, en sus diferentes giros, tienen competencia, pero los taxistas están molestos por ésta y han reaccionado de manera agresiva en algunos casos.

“Qué bueno que la autoridad no se está dejando amedrentar y ojalá que con este jalón de orejas ellos pueden mejorar su servicio, porque a final de cuentas lo que uno busca como usuario es un servicio. Ellos son servidores públicos, aunque no lo quieran ver y como tal deberían de cuidar sus unidades, deberían de tratar bien a la gente”, agregó.

La representante de tianguistas, Blanca Ocaña, mencionó que los taxistas se han caracterizado por brindar un mal servicio, lo que ha generado constantes quejas, y la reforma podría acabar con los malos tratos. “Sería bueno para ver si se ponen las pilas. Deberían tomar cursos para la atención al cliente, para que no caigan en agresiones o descortesías, eso hace que la gente se moleste con ellos”, opinó. Señaló también el año pasado los ruleteros intentaron implementar una aplicación para competir con Uber, pero no funcionó.

“Si hace una encuesta en Puerto Morelos, de qué tal está el trato de los taxis hacia el público, todo sería quejas, porque se enfocan más en el turismo, tanto, que cuando el turismo pide Uber la hacen de súper pleito”, expresó. Agregó que los chafiretes también han sido señalados de excederse en el precio de los servicios de transporte con los turistas.

Tiempo al tiempo

El tiempo dirá si la sobrelegislación se aplica y si resuelve o palía el problema de la violencia contra operadores de las plataformas digitales de transporte y libre elección de los turistas, consideraron abogados penalistas de Playa del Carmen sobre la intentona de detener la impunidad en el servicio de transporte. Confían en que la persecución de oficio de este tipo de delitos tenga buenos resultados.

César Sánchez recordó que “hace varios años se dio una epidemia de fraudes inmobiliarios y despojos; en ese entonces, para bajar la incidencia se hizo un catálogo amplísimo de modalidades de fraude. Eso ayudó en su momento”.

Actualmente, uno de los problemas sociales que afectan al estado lo constituyen algunas actividades de los taxistas: bloqueos de calles, sitios irregulares, detenciones de personas, impedimento para la prestación de servicios de transporte y eso es lo que trata de detener el pleno legislativo, consideró. Roberto Carlos Magaña, doctor en Derecho Penal, consideró que lo único que están haciendo es redireccionar un delito que ya existía hacia el transporte público, para volver a los taxistas sujetos de observación minuciosa.

Por su parte, empresarios de la zona sur del estado se mostraron a favor de la reforma. El presidente de la Unión de Propietarios de Bares, Restaurantes y Similares (Uprobars), Joaquín Noh Mayo, señaló que las medidas anteriores no eran suficientes para prevenir y disuadir las agresiones en contra otros servidores de transporte. “Sin duda, afecta la imagen del estado, es vergonzoso ver en las noticias como se dan conflictos con turistas o con otras agrupaciones. (...) Era un problema que no se podía frenar”.

Además, estas acciones ahuyentan el turismo, no sólo en la zona norte, donde se han presentado con más frecuencia y gravedad, también en destinos que ya son un referente y siguen en crecimiento como Bacalar.

Otros empresarios como Jesús Manuel Aldrete, director del Consorcio Chiclero “Chicza”, coincidieron que también se debe promover la capacitación y sensibilización de los prestadores de servicios de transporte, sea privado o público.

Mera distracción

La iniciativa privada de la zona maya indicó que la reforma al Código Penal no es más que una distracción para que los diputados justifiquen los buenos salarios que ganan, porque a ellos no les benefician en nada.

Manuel Gómez Chan, comerciante local, Raciel Ululac y Pedro Dzib Puc, líder social, señalaron que en José María Morelos no existe la violencia entre transportistas, como en la zona norte; por lo contrario, les perjudica que se haya aprobado la penalización del bloqueo de carreteras, pues lo hacen como último recurso ante la indiferencia de las autoridades por atender sus problemas.

Para ellos, su prioridad, la cual no ha sido abordada, es la inseguridad. Ahí sí deberían aplicarse penas más severas, para evitar que la gente haga justicia por sus propias manos, como sucedió en Tekit, Yucatán.